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Redacción Nacionales
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La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) destacó en su informe “Carrera de obstáculos: Confrontando las barreras para investigar la corrupción en El Salvador”, que en el país la lucha contra este fenómeno ha experimentado retrocesos significativos, debido a reformas legislativas y decisiones gubernamentales que dificultan, e impiden el acceso a la información pública, necesaria para detectar este tipos de actos, y la posibilidad de denunciar y sancionarlos.
Para la DPLF, entre los principales reveces en la lucha anticorrupción están, la terminación abrupta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), pese a que esta entidad obtuvo avances en investigaciones relacionadas con actos de corrupción durante la emergencia de la pandemia del COVID-19, su cierre significó la pérdida de un mecanismo internacional que podría haber dotado de un valioso acompañamiento y apoyo técnico a operadores de justicia encargados de luchar contra la corrupción.
Otras de las regresiones identificadas es la remoción abrupta e irregular de altas autoridades de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la República (FGR), al tratarse de instituciones que cumplen un rol clave en la lucha contra la corrupción.
Sumado a ello, la eliminación de las garantías de estabilidad de jueces, juezas y fiscales no sólo debilitó y precarizó las carreras judicial y fiscal, sino que también les hace vulnerables ante presiones indebidas, lo cual genera condiciones para la proliferación de la corrupción en la cadena de la justicia que debe investigar, perseguir y juzgar la corrupción.
Un grave obstáculo para fiscalizar el enriquecimiento indebido y hacer efectivas las responsabilidades penales, es la decisión que tomó la CSJ de declarar una reserva sobre toda la información y los informes producidos por la Sección de Probidad, como parte de sus auditorías patrimoniales a funcionarios públicos.
Asimismo, la legislación aprobada para exonerar de responsabilidad a quienes hayan participado en compras de bienes y servicios y ejecuciones de obra pública en el manejo de la pandemia del COVID-19, otorga impunidad a funcionarios públicos y particulares que podrían haber participado en actos de corrupción.
Este es un precedente negativo que lesiona los principios de integridad y transparencia en la función pública; a la vez, obstaculiza la fiscalización y el ejercicio de la acción penal en casos de corrupción.
Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la DPLF expresó que distintos gobiernos abrazan la bandera de la lucha anticorrupción y prometen combatirla, pero la historia demuestra que estos compromisos no son serios ni sinceros sino están acompañados de acciones concretas, incluso si ello implica separar a funcionarios en ejercicio y afectar a grupos cercanos al entorno del poder.
“La comunidad internacional tiene que acompañar a El Salvador a retomar el camino de la lucha contra la corrupción y apoyar políticas públicas de transparencia, integridad y rendición de cuentas de las instituciones públicas, además de respaldar a la sociedad civil y al periodismo investigativo que denuncian actos de corrupción”, enfatizó.
Indacochea reiteró que la guerra contra la corrupción no se trata de usar la persecución penal contra personas específicas, sino de un compromiso que debe abarcar una transformación de toda la gestión pública.
Para combatir la corrupción de forma eficiente la DPLF recomendó en el informe, impulsar reformas penales que materialicen la protección de bienes jurídicos colectivos, con la misma consistencia que los bienes jurídicos individuales tradicionales afectados por los actos de corrupción.
Las reformas deben incluir criterios para la adecuada identificación y reparación del daño a las víctimas concretas, individuales o colectivas cuyos derechos se ven afectados por los actos de corrupción; también, recomendó aprovechar la experiencia que existe en la región en relación con la reparación integral de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las recomendaciones al Estado salvadoreño, también destaca valorar el restablecimiento de un mecanismo internacional de apoyo en la lucha contra la corrupción que pueda continuar la labor interrumpida de la CICIES; crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción; garantizar procesos transparentes, objetivos y meritocráticos en las designaciones de comisionados del IAIP; promover el respeto a la independencia institucional del Órgano Judicial y de la FGR.
Así como asumir el compromiso público de respetar y ejecutar sus decisiones; restituir la inamovilidad de los jueces y juezas y reponer en sus cargos a quienes fueron indebidamente separados, así como eliminar la práctica de las designaciones directas de jueces y juezas y sustituirla por la aplicación de procesos de selección ordinarios, entre otras medidas.
La DPLF afirmó que El Salvador ha suscrito los principales instrumentos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción; por lo tanto, está obligado a adoptar medidas que cumplan con estándares internacionales para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.
