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Redacción Nacionales
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El movimiento ciudadano SUMAR señaló que las reformas penales y procesales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa para realizar juicios masivos en grupos de hasta 900 personas, supuestamente pertenecientes a pandillas, “confirman el fracaso y la improvisación de las acciones de seguridad pública del actual gobierno”.
Es de contextualizar que Nuevas Ideas y compañía emitió Disposiciones Transitorias Especiales para Ordenar el Procesamiento de Imputados Detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del 27 de marzo de 2022 y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado. Diversas organizaciones sociales han cuestionado estas reformas, ya que legalizan violaciones a derechos humanos y se profundiza la arbitrariedad del sistema de justicia.
Para SUMAR, dichas reformas “son totalmente inconstitucionales y violentan los aspectos más elementales del debido proceso penal, la Independencia judicial y tratados Internacionales suscritos por el Estado salvadoreño”.
A través de un comunicado, SUMAR planteó que “el mayor riesgo de estas disposiciones es que personas inocentes o que no tienen ningún vínculo con pandillas sean incluidas en juicios masivos y condenadas sin ninguna prueba”.
En ese sentido, SUMAR propone implementar “políticas reales de seguridad pública que combatan eficazmente la persecución del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción y atención a las víctimas”. Además, que se aborden las causas estructurales de la violencia relacionadas con la exclusión económica y las desigualdades sociales.
El Estado salvadoreño, a través del Gobierno de Nayib Bukele, ha enfrentado el problema de inseguridad con millares de soldados en las calles para brindar seguridad ciudadana, un trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC). El gobierno de Bukele, incluso, ordenó duplicar las fuerzas armadas como parte de su Plan Control Territorial, un plan cuestionado, ya que sus resultados, es decir, la reducción de homicidios se podrían deber a negociaciones con las pandillas, según investigaciones periodísticas.
“El país requiere medidas integrales de seguridad ciudadana e independencia judicial; sin propaganda, negociaciones oscuras con grupos criminales, violaciones de derechos de personas inocentes y sin restricciones innecesarias de garantías constitucionales”, concluyó SUMAR.
El régimen de excepción es una medida impuesta por el Gobierno desde el 27 de marzo de 2022 hasta la fecha. No se sabe con exactitud cuándo finalizará dicha medida que suspende al menos 4 derechos fundamentales: libertad de asociación, inviolabilidad de las telecomunicaciones, defensa técnica y detención preventiva por 72 horas. Los detenidos rondan los 71 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos miles de inocentes, es decir, que nada tienen que ver con pandillas.
