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Redacción Nacionales
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La Fundación Cristosal planteó que las nuevas reformas penales que efectuó la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, profundizan la arbitrariedad del sistema de justicia; tomando en cuenta que hay centenares de personas detenidas que no tienen vínculos con pandillas.
La Asamblea Legislativa aprobó, el pasado martes, Disposiciones Transitorias Especiales para Ordenar el Procesamiento de Imputados Detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del 27 de marzo de 2022 y las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado. En ese sentido, CRISTOSAL sostuvo que las disposiciones “son la prueba más contundente de las implicaciones que tiene el régimen de excepción, no solo en las vidas de miles de familias salvadoreñas, sino también en el sistema de justicia”.
En cuanto a las reformas, pretenden “resolver” una serie de procesos “que carecen de fuerza y solidez probatoria, por ser resultado de detenciones arbitrarias, sin investigación, ni debidos procesos”. Cristosal aseguró que la reforma a leyes que ya habían sido reformadas con anterioridad y en similar contexto “evidencia una vez más la improvisación en las actuaciones de las autoridades en materia de justicia y seguridad pública”.
Además, dichas reformas, “atentan contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, al modificar arbitrariamente las reglas del juego a personas procesadas con anterioridad y que permanecen en condiciones inhumanas y degradantes en las cárceles sin haber sido declaradas culpables”. De momento, se han capturado a más de 70 mil presuntos pandilleros, pero entre ellos, a millares de personas inocentes.
“Para estas personas se profundizan las vulneraciones a sus derechos humanos y el dolor de sus familias, ya que con las reformas podrían estar indefinidamente en prisión sin poder demostrar su inocencia, restringiendo su derecho de libertad personal y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, lamentó Cristosal.
La fundación añadió que después de más de un año de implementación del régimen y más de 70,000 capturas, la Fiscalía General de la República no ha podido individualizar a los responsables de los delitos, ya que en la mayoría de los casos se acusa a las personas de “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, centrándose en demostrar la pertenencia a dichos grupos en lugar de probar los delitos específicos que se les imputan. Las reformas podrían conllevar a una mayor impunidad, dado que los juicios colectivos privilegiarían sancionar la pertenencia a una pandilla, que le cometimiento de delitos como homicidios o extorsiones.
Con las nuevas normativas, se realizarán procesos penales por estructura delictiva, lo que anularía los procedimientos individuales.
“En conclusión, las reformas están encaminadas a favorecer un resultado condenatorio, brindando facilidades a la parte acusatoria, desnaturalizando el rol de jueces, fiscales y policías, construyendo una justicia arbitraria, dictada por poderes de gobierno”, puntualizó la organización.
Cristosal hizo un llamado a las autoridades a implementar medidas que fortalezcan el combate a la delincuencia y brinden seguridad a la ciudadanía sin vulnerar los derechos humanos y las garantías fundamentales, en especial de aquellas personas que antes fueron víctimas de las pandillas y hoy son víctimas de procesos judiciales arbitrarios.
