Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La existencia de presos políticos en El Salvador parecía que era asunto del pasado, sin embargo, en el régimen de (Nayib) Bukele, esta es una situación que se viene dando como contraa personas que piensan igual o critican al gobierno”, dijo Lourdes Palacios, coordinadora de COFAPPES.
En el conversatorio “Casos de Persecución Política en El Salvador”, COFAPPES, Comunidad Santa Marta y la Alianza por la Paz compartieron experiencias sobre la judicialización de la política en el país, por parte del Estado.
Lourdes Palacios afirmó que la “judicialización de la política” es utilizada para desgastar la imagen de las personas señaladas, y utilizan a medios de comunicación afines al gobierno para realizar una “campañas mediática” contra estas personas.
“Estas acciones terminan con el uso del Sistema Judicial, y con estos delitos creados que son falsos lo utilizan políticamente para condenar a las personas siendo inocentes y sin haber sido vencidas en juicio”, afirmó.
“En nuestro caso (COFAPPES), los cinco compañeros tienen su carta de libertad desde hace 9 meses, pero no los dejan salir. Hay tres resoluciones judiciales que han dado los tribunales, pero no los dejan salir, son nuestros compañeros doctor Franciscco Salvador Hirezi, Dennis Córdova, Jaime Valdez, Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque”, manifestó.
Xenia Elizabeth Portillo, esposa de Dennis Córdova, afirmó que pese a que ya pasaron las audiencias y fueron condenados hace 3 años, por el Caso Monarca, y que dos tribunales les dieron “libertad con medidas”, no han sido acatados.
“Interpusimos un recurso de Hábeas Corpus, porque durante 2 años no se realizó la Audiencia de Sentencia, y se logró que la respuesta fuera a su favor el 17 de noviembre de 2023, que daba medidas sustitutivas a su detención. Pero los centros penales de Santa Ana no ha cumplido”, manifestó.
“El tribunal de Vigilancia Penitenciaria también le solicitó que se diera el cumplimiento del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca y ellos también estuvieron de acuerdo. Y ahora por tercera vez las autoridades penitenciarias incumplen las órdenes judiciales”, sostuvo Portillo.
Resumen de casos de judicialización política
Ivania Cruz, abogada y representante de COFAPPES, se refirió a la importancia de visibilizar la “persecución política” desde el Estado, pero, sobre todo, socializar cómo están los procesos en la actualidad y los obstáculos que están enfrentando.
“Sabemos que en el país van aumentando los números de casos de persecución y de los presos y presas políticas. Como en el caso de Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Roque, que desde el lunes 12 de agosto, la Vista Pública ha quedado suspendida”.
“Porque los incidentes se lograron establecer por parte de los abogados defensores de Mauricio y Ramón, que alegaron el principio de igualdad precisamente, porque todos los procesados tienen medidas sustitutivas a la detención y solo ellos siguen sin que se cumpla la orden desde hace 8 meses”, comentó Cruz.
En cuanto el “Caso Monarca”, Cruz explicó que desde noviembre de 2023 hay “carta de libertad” para los funcionarios, pero consideró que hay mucho desconocimiento del proceso de este caso, aludiendo que “ellos sí fueron condenados el año pasado y están en un proceso de apelación por un Hábeas Corpus”, que les permite medidas sustitutivas.
La Policía Nacional Civil (PNC), incluso, realizó las inspecciones en los hogares de estas personas para verificar donde cumplirían esta medida, pero nunca se llevó a cabo su salida para cumplir con su arresto domiciliario.
En cuanto al caso de la Comunidad de Santa Marta y ADES, sabemos que están los abogados pidiendo el cierre total , y aunque se lograron las medidas sustitutivas de estas personas en arresto domiciliario, la fabricación de las acusaciones en todos estos casos sigue siendo ilegal”, reiteró Cruz.
Criminalizar a las personas defensoras y voces disidentes
Sobre el régimen, Ivania Cruz agregó que este fenómeno de criminalizar personas defensoras, exfuncionarios y voces críticas inició en el año 2021, y en este proceso contribuye la “ judicialización de las políticas” que las habilitan con ciertas características bajo control el aparato estatal.
“Esto contribuye a favorecer al gobierno de turno -como se hizo aquí,-, el cambio de Fiscal, de la Corte Suprema de Justicia, reformas y cambios de leyes a favor del gobierno para fabricar casos, encarcelar personas, incumplir el debido proceso en un contexto de la inexistencia de las garantías judiciales”, explicó.
“Ahora, venimos a un segundo escenario, con un presidente inconstitucional, dictador, que ya no se va sólo a los opositores de su régimen político. Al presente, el régimen lo utiliza para criminalizar la labor de los sindicalistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas o cualquier voz crítica”, añadió Cruz.
Para Ivania Cruz, la Dirección General de Centros Penales al no cumplir las órdenes judiciales de distintos Tribunales comete cuatro delitos: Desacato judicial, Actos arbitrarios, Incumplimiento de deberes y Privación de libertad de las personas.
La justicia en El Salvador es un “sicariato judicial “
El abogado Oscar Canjura, defensor de los veteranos del conflicto armado de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, reiteró que los “procedimientos que están utilizando los cuerpos de seguridad para detener a las personas en algunos casos sin orden de captura es la mal llamada flagrancia”, que no es más que un sicariato judicial.
“Los policías utilizan la flagrancia porque quieren justificar por actas de detención que encontraron a un sospechoso y que se procedió a investigarlo y detenerlo. Todo esto en la mal llamada flagrancia que manejan los cuerpos de seguridad. Y esto no es más que la judicialización de la política”, manifestó.
“Esto no es nuevo, la judicialización de la política que es cuando se utilizan el órgano judicial y el ministerio público contra el enemigo político. Y el enemigo de cualquier régimen político es cualquier opositor y no necesariamente los partidos políticos, exfuncionarios. Esto se vivió en Ecuador, Bolivia y Perú”, indicó Canjura.
Sore el caso de los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, consideró, que en El Salvador “siempre ha dado de que hablar” en la aplicación de este tipo de medidas porque estas llegan “dos peldaños” arriba de otros regímenes.
“Aquí ya no hablamos -lawfare- (procedimientos judiciales con fines de persecución política), estamos hablando de un sicariato judicial. Y aquí no estamos frente a togados o juristas. Estamos frente a sicarios judiciales que ocupan cargos y valiéndose de eso cumplen la finalidad que se les encomiendan”, reafirmó Canjura.
Santa Marta alerta por inminente industria minera
Para Alfredo Leiva, directivo de ADES-Santa Marta, la verdadera intención en el caso de los cinco ambientalistas capturados no era “sólo eliminar opositores políticos, sino allanar el camino a empresas que puedan venir a explotar los minerales del suelo salvadoreño”, afirmó en su intervención del Conversatorio Casos de Persecución Política en El Salvador.
“La captura de nuestros compañeros también, ha sido para meter terror a las comunidades y así contener la probable resistencia en los territorios a los que pudieran hacer estos proyectos extractivistas”, acotó.
“En nuestro caso, con la detención de nuestros compañeros, no sólo se pretende apartarlos del camino o de estar frente a la organización de la resistencia antiminera. Sino generar miedo en las comunidades porque después de las detenciones han logrado mantener a la gente con miedo para que no se movilice”, reseñó Leiva.
Asimismo, relató que una semana después de las detenciones de los cinco ambientalistas el pasado 11 enero 2023, se removió al jefe de la Policía Nacional Civil, en el puesto de Santa Marta, para designar a un oficial de la Unidad de Inteligencia Policial de la Unidad Central.
“No mandaron a cualquier persona como jefe, era oficial de inteligencia y posteriormente se instaló un grupo de la Unidad Antinarcóticos en la comunidad Santa Marta, que patrullaba constantemente, y ellos estuvieron 2 meses aproximadamente en la localidad”, indicó.
“Es impactante que atendiendo un llamado de una persona que no vive en el país y que subió un tuit a las redes el Consejo de Seguridad, mandó un operativo militar con cientos de efectivos militares a Santa Marta, y montaron un cerco militar en Cabañas, sin ningún sentido, porque nunca se reportaron capturas de pandilleros mientras estuvo el operativo militar”, afirmó Leiva.
No obstante, la lucha comunitaria que han llevado en defensa de los ambientalistas, Leiva reafirmó que seguirán denunciando esta criminalización del movimiento social.
“Estamos haciendo un llamado a la sociedad en general y alertando a la Comunidad Internacional, a que sumen porque nuestras sospechas y denuncias que vienen desde el 2021 se ha comprobado que coinciden con lo publicado por la Revista Elementos, que ya citan empresas y testaferros que están trabajando con empresas que plantean en serio la explotación minera en El Salvador, y eso sería la contaminación total del río Lempa”, puntualizó Leiva.