Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
“Las medidas adoptadas por el gobierno para afrontar la ola de violencia, deben estar en línea con los criterios y las leyes de derechos humanos”.
Redacción Nacional
@DiarioCoLatino
La organización de derechos humanos Human Rights Watch señaló que el amplio Régimen de Excepción adoptado en El Salvador en nombre de la seguridad pública ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones a los derechos humanos.
Las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la escalada de violencia en el país ponen en riesgo múltiples derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad, al debido proceso y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en redes sociales que las personas podrían continuar estudiando y asistiendo a eventos religiosos y deportivos, “a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, sin especificar qué sería considerado un comportamiento “sospechoso” o evidencia de pertenencia a una pandilla.
Sin embargo, el pasado lunes fueron difundidas unas fotos por El Diario de Hoy, que como parte de las acciones en medio del Régimen de Excepción miembros de la Fuerza Armada registran las mochilas de unos estudiantes acompañados de sus madres, así como un microbús del transporte escolar en la comunidad 22 de abril, Soyapango, lo cual evidencia una total violación a los derechos humanos de los menores de edad.
Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, señaló que el gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador, pero en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos.
Human Rights Watch reiteró que los últimos meses, los legisladores que apoyan a Bukele en la Asamblea Legislativa han cooptado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reemplazado al fiscal general por un aliado del gobierno y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores, El Salvador hoy prácticamente no cuenta con instituciones independientes capaces de fiscalizar al poder ejecutivo.
Mientras tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó en twitter fotos de decenas de personas detenidas acusándolas inequívocamente de cometer delitos, incluso, antes de que muchas de ellas fueran presentadas ante un tribunal. La Asamblea Legislativa indicó que el régimen de excepción permite a la policía extender el período para presentar a un detenido ante un juez para que los fiscales puedan “recabar pruebas”, la estrategia del gobierno parece ser ‘primero arrestar, luego twittear y después investigar’.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de brindar interpretaciones autorizadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dejado en claro que los estados de emergencia no pueden utilizarse como justificación para violar normas imperativas del derecho internacional; por ejemplo, mediante privaciones arbitrarias de la libertad o apartándose de los principios fundamentales de un juicio justo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que las medidas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El Estado debe revertir urgente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia.
“Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para que los traten como reyes allá”, escribió el presidente Bukele.
Asimismo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (WOLA por sus siglas en inglés), enfatizó que el estado de emergencia decretado como respuesta a la alarmante ola de violencia en El Salvador no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar.
Según WOLA, la posición del gobierno salvadoreño antes, durante y después del brote de violencia demuestra un nivel grave de amenaza sancionada por el estado, al respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y al estado de derecho salvadoreño.
Para que el gobierno salvadoreño asegure un descenso de la violencia y garantice medidas que respeten y protejan los derechos humanos de la población, las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos.
