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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que integran más de 30 organizaciones populares, se pronunció ante lo que consideran una “agresión desmedida” en contra de la población vulnerable que reside en zonas de actividad delincuencial, luego de la entrada en vigencia del decreto legislativo a un Régimen de Excepción, a finales del mes de marzo.
Sonia Urrutia, integrante de FESTRAJUSAL, reafirmó la “condena del accionar criminal” que cobró la vida de más de 70 personas inocentes, por el Crimen Organizado, el 26 y 27 de marzo, que generó la decisión de la administración del presidente Nayib Bukele a decretar, a través de la Asamblea Legislativa, el régimen de excepción, lo que condideró como un “fracaso” del Plan Control Territorial.
“La población salvadoreña es víctima constante de la delincuencia y estos grupos pandilleriles, que ha venido agravándose en un contexto en donde las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población han ido en deterioro”, afirmó.
“Y ahora, se suma que son víctimas de un régimen de excepción que castiga de forma generalizada a los sectores populares y en donde se encuentran ya muchas víctimas de agresiones policiales y militares por total violación a las garantías constitucionales y derechos humanos”, expresó Urrutia.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular calificó de “irrespeto total a la dignidad humana de personas inocentes”, a quienes por circunstancias económicas se han visto obligadas a convivir con grupos delincuenciales, por tanto, han sido estigmatizadas en el accionar de las autoridades en los últimos días.
“Actualmente, el gobierno de Nayib Bukele cuenta con el poder y las herramientas legales suficientes para poder combatir a estos grupos delincuenciales, por lo que, el régimen de excepción es una acción desmedida que solo busca fortalecer el proyecto autoritario del clan Bukele”, dijo Urrutia.
Asimismo, lamentaron el “incremento desmedido al gasto militar para cobertura de seguridad pública mientras sacrifica el presupuesto para las pensiones de miles de personas adultas mayores”. Alegaron, así también la reducción al presupuesto de la Universidad de El Salvador y el abandono en que mantiene a las alcaldías y el cierre de programas sociales que son un elemento importante que podría dar solución al problema delincuencial.
“Esto es igual al pasado con la dictadura militar, ahora el presidente Bukele instrumentaliza las instituciones de gobierno para imponerse, abusa del poder, criminaliza la pobreza, persigue a los opositores y aplica distintas formas de terrorismo de Estado”, manifestó.
“Frente a esta terrible situación no podemos quedarnos de brazos cruzados y hacemos un llamado a la población a organizarse y defender sus derechos, a que denuncien las constantes violaciones a los derechos humanos cometidos por el actual gobierno a personas inocentes que viven en condiciones vulnerables. Y es por esto, que hacemos un llamado a movilizarnos el próximo 1o de mayo en el Día Internacional del Trabajo, que honra a la clase trabajadora y para mandar un mensaje de resistencia y búsqueda de la paz social y democracia plena”, subrayó Urrutia.
Fran Omar, del Colectivo de Profesionales Consecuentes, reafirmó que estarán pendientes de las denuncias y testimonios de las personas que han sufrido violencia de parte de agentes policiales o elementos de la Fuerza Armada, por ser jóvenes, tener un tatuaje artístico o residir en una colonia con actividad delincuencial.
“Es una situación preocupante y desde el BRP, estamos de acuerdo totalmente en combatir la delincuencia, pero la forma en que se está haciendo va en la forma de criminalizar a toda la población. Es una arremetida contra las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad económica y social, que ya se encuentran sufriendo las consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo y ahora son estigmatizadas por vivir en esos lugares, eso es injusto”, consideró Omar.
Sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal, aprobadas por la Asamblea Legislativa, el pasado martes 5 de abril, Omar consideró que se constituía un “grave golpe a la libertad de expresión”, en una sociedad con amplias brechas sociales, económicas y de justicia.
“Modificar las normas y leyes consideramos que van con otro objetivo y no es el perseguir a la delincuencia si no poner restricciones a la Libertad de expresión, a la Libertad de Prensa y la libertad de organización, que esta sería la persecución contra las organizaciones sociales y populares que luchan por la defensa de los derechos humanos y que también impulsan propuestas para un país con justicia y democracia”, opinó Omar.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular hizo un llamado a la Comunidad Internacional y organismos regionales e internacionales de derechos humanos a estar pendientes de la situación en El Salvador.
“Ustedes han visto de manera generalizada que hay un pronunciamiento de muchos organismos de derechos humanos internacionales que repudian este tipo de acciones represivas, porque van en detrimento de las condiciones de vida de la población que son perseguidas y reprimidas de manera generalizada estigmatizando a las personas que viven en vulnerabilidad y eso obedece a la lógica de militarizar y agredir a la población”, puntualizó Omar.
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