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Kendra Cordero
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, se han reportado 5,775 víctimas de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción; la población más afectada ha sido la juventud, así lo revela una actualización de datos presentados este miércoles Fue el 27 de marzo de 2022, que el Estado salvadoreño aprobó el régimen de excepción para combatir “frontalmente” a las pandillas; sin embargo, esta medida estatal ha dejado a centenares de inocentes en la cárcel debido a la falta de investigación por parte de las autoridades.
La actualización presentada por AMATE, Cristosal, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO) corresponde a las víctimas atendidas entre marzo de 2022 a septiembre de 2023.
Gabriela Santos, directora del IDHUCA, detalló que han recibido en los 18 meses de régimen de excepción, 5,775 víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado salvadoreño, (…) “hemos recibido un total de 5,495 casos y eso significa un total de 5,775 víctimas atendidas”. Sobre casos de violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción reflejan que, de las víctimas atendidas, el 52.54% corresponde a jóvenes de entre 19 a 30 años, el 33.49% a personas de entre 31 a 49 años y un 3.33% a niños y niñas adolescentes de entre 13 a 18 años.
Con respecto a la identidad de género, se detalló que el 83.81% se refiere a personas masculinas, el 15.36% femenino, 0.36% mujeres trans y un 0.05% corresponde a 3 víctimas de hombres trans.
Las organizaciones manifestaron que los datos son alarmantes ya que entre las denuncias recibidas hay varios delitos que las autoridades deberían prevenir, como detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, allanamiento de morada, acoso, amenazas, desplazamiento forzado interno, las agresiones y violaciones sexuales, robos, hurtos, desapariciones forzadas y hasta 189 muertes bajo la custodia del Estado. Otro dato preocupante registrado por las organizaciones es que el 75% de las víctimas señaló como victimarios a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), un 7.13% a personal de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y un 14.74% a ambos. De acuerdo con estas denuncias, “la PNC faltaría a funciones de respeto y protección de los derechos humanos y la investigación criminal”.
