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Alessia Genoves
Colaboradora
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles, con 57 votos, la vigésimo séptima prórroga del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 5.
Esta medida excepcional, que suspende temporalmente varios derechos constitucionales, ha sido implementada de forma continua desde marzo de 2022 en respuesta a la grave crisis de seguridad que experimenta el país.
Esta decisión se produce en un contexto de descenso significativo en las tasas de homicidios, registrando 154 casos en 2023 en comparación con 496 en 2022. Sin embargo, organismos de derechos humanos, como Cristosal, Amate El Salvador y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) han denunciado hasta 5,775 presuntas detenciones arbitrarias y otras vulneraciones de garantías constitucionales durante la vigencia del Régimen.
Derechos Suspendidos
De acuerdo a la “Pieza de Correspondencia” aprobada por la Asamblea Legislativa, el Régimen de Excepción suspende temporalmente tres derechos constitucionales:
1) el Derecho de Defensa, permitiendo limitar el acceso a un abogado defensor durante la detención administrativa; 2) el plazo de la detención administrativa, ampliando el período en el que una persona puede ser retenida sin cargos de 72 horas a un límite no especificado; y 3) la inviolabilidad de la correspondencia, autorizando la intervención y monitoreo de las comunicaciones de los ciudadanos.
Las autoridades han justificado la prolongación de esta medida argumentando que aún existen “grupos terroristas” cuya presencia amenaza la seguridad pública y que, de no ser erradicados por completo, podrían revertir los avances logrados en materia de reducción de la criminalidad.
Reducción de Homicidios
Según cifras oficiales del Gabinete de Seguridad Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), El Salvador ha experimentado una notable disminución en los índices de homicidios desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022. En abril de ese año, se registraron 496 homicidios, mientras que en abril de 2024 la cifra se redujo a 156, lo que representa una disminución del 68.5% en el número de muertes violentas.
De manera proporcional, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasó de 7.6 en abril de 2022 a 2.4 en abril de 2024, una reducción del 68.4%. Estas cifras han sido utilizadas por el Gobierno como el principal argumento para justificar la prolongación del Régimen de Excepción, tras afirmar que ha sido una herramienta efectiva para combatir el crimen organizado y el terrorismo en el país.
Denuncias de Presuntas Vulneraciones a DDHH
Sin embargo, organismos de derechos humanos como Cristosal, Amate El Salvador, DHUCA y otros, han documentado numerosas denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante la vigencia del Régimen de Excepción. Según un informe de Cristosal, entre marzo de 2022 y marzo de 2024 se habrían registrado 5,775 detenciones arbitrarias.
De acuerdo a los datos recopilados, el 90.4% de las víctimas serían hombres y el 9.6% mujeres. Asimismo, el 40.8% de los detenidos pertenecerían al grupo etario de 18 a 30 años, seguido del 34.3% de 31 a 45 años.
En cuanto a las entidades señaladas como responsables de estas vulneraciones, el 95.2% de los casos corresponderían a miembros de la Policía Nacional Civil, mientras que el 4.8% restante involucraría a efectivos militares.
También se registran hasta 439 hechos de torrura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como 1,651 casos de allanamientos ilegales y detenciones sin orden judicial.
