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Redacción Nacionales
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Miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz denunciaron las capturas arbitrarias e hicieron oficial la denuncia en contra del Gobierno por sus intenciones de utilizar el Régimen de Excepción como una herramienta para capturar a líderes, miembros y luchadores sociales de los diferentes movimientos sindicalistas, por ir en contra de las políticas del Estado.
El subcoordinador de la organización, Stanley Quinteros, manifestó que las capturas arbitrarias de dirigentes de movimientos sindicales y organizaciones, llamados “opositores”, son vinculadas por el gobierno con pandillas y delitos, cuando solo están asumiendo su derecho a la libre expresión de reclamar las “nefastas” políticas que violan los derechos de los salvadoreños. “Tenemos información de posibles capturas de dirigentes sindicales, y eso nos preocupa porque está claro que esta ya es una persecución política (…). Ya no puede estar prorrogando un régimen de excepción (el Estado) que ya no está combatiendo pandillas, sino que ahora está queriendo callar voces de luchadores sociales históricos que nos hemos dedicado a defender los intereses del pueblo salvadoreño”, señaló Quinteros.
Por su parte, Marvin Reyes, secretario general de la Alianza, aseguró que, a través de la apología del delito, la Policía Nacional Civil y el ministerio Público pretenden distorsionar la información de los sindicalistas, para criminalizarlos como personas que incitan la rebelión o al amotinamiento.
“Los que estamos señalando son aquellos aspectos que no se están trabajando de manera adecuada por parte del Gobierno, y que están promoviendo violación a los derechos políticos y humanos de los ciudadanos. Es una situación crítica, porque se está saliendo del objetivo del Régimen de Excepción”, dijo Reyes.
Los sindicalistas aseguraron que aproximadamente ocho líderes sindicales fueron capturados durante el régimen de excepción, con el objetivo de “callar las voces que al gobierno les son incómodas”, entre ellos está Rodolfo Pereira, líder de los vendedores de Soyapango, capturado el pasado 6 de junio por supuesta agrupación ilícita y extorsión, cuando en el momento de captura los agentes policiales, el día de su captura, dijeron que la detención era por aspectos políticos
“Hay un plan para descabezar al movimiento popular y social”, dijo José Santos Melara, coordinador de la organización e infirió sobre el hecho de que, existe un “plan” para desmantelar las organizaciones, no solamente a miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, sino que también de todo aquel que no comparta las ideas del gobierno y su partido político.
Melara puntualizó que las amenazas seguirán, pero que no es usando la herramienta del estado de excepción que el país saldrá adelante, sino cuando el presidente, Nayib Bukele, escuche la voz del pueblo.
“Responsabilizamos a las autoridades gubernamentales de cualquier cosa que nos pase a nosotros o a nuestras familias, a cualquiera de los miembros de la alianza, los hacemos responsables a ellos, porque son los únicos que están promoviendo este tipo de acciones arbitrarias e ilegales. Queremos advertir que no nos estamos escondiendo las estamos haciendo de frente”, finalizó la Alianza Nacional de El Salvador en Paz.
