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“Se han documentado amenazas con el uso del régimen en conflictos cotidianos, como accidentes de tránsito o disputas laborales, promoviendo un clima de miedo y autocensura”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A tres años de vigencia del Régimen de Excepción, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) aseguró que lo que inició como una supuesta respuesta a la violencia de las pandillas, ha derivado en la ilegalidad de un estado autoritario y militarizado, utilizado para detenciones arbitrarias, juicios colectivos y persecución de la resistencia popular, social y comunitaria, y criminaliza la defensa de los derechos humanos.
“Este próximo 27 de marzo de 2025 se cumplirán tres años desde la imposición del Régimen de Excepción en El Salvador, una medida que el gobierno del clan Bukele y la ilegítima Asamblea Legislativa han convertido en un mecanismo permanente de control social, militarización y represión”, sostuvo Francisco Parada, representante del BRP.
Parada señaló que más de 80 mil personas han sido capturadas sin el debido proceso, negando el derecho a la defensa y sin haberles comprobado vínculos con estructuras criminales, además, hay documentados más de 10 mil casos de detenciones arbitrarias. Aunque la cifra de presos inocentes podría rondar los 30 mil.
Parada indicó que aproximadamente 8 mil salvadoreños han sido liberados, aunque el Estado no implemente medidas de reparación por los daños económicos, morales, psicológicos y físicos causados a las víctimas. Hasta el 17 de marzo de 2025 han ocurrido 374 muertes de personas bajo custodia estatal en condiciones inhumanas y sin acceso a justicia, de las cuales el 94% no estaban perfilados de pertenecen a pandillas.
El Régimen de Excepción también se ha justificado, para perseguir a las organizaciones de derechos humanos, reprimir y criminalizar el ejercicio periodístico y la protesta social. Ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas han sido víctimas de acoso, detenciones y judicialización bajo acusaciones infundadas.
Casos emblemáticos de la utilización del “Régimen” para criminalizar están organizaciones como UNIDEC, la captura de Fidel Zavala, Luis Alberto Menjívar, Atilio Montalvo, Pepe Melara, Eugenio Chicas, la captura de dirigentes de sindicatos, y la persecución contra medios independientes evidencian el uso del régimen como arma para la persecución política, enfatizó Parada.
El dirigente popular destacó que el Régimen de Excepción ha sido utilizado como mecanismo de amedrentamiento para desalojar a miles de comerciantes del Centro de San Salvador favoreciendo intereses empresariales ligados al gobierno; comunidades costeras El Zonte y El Icacal han sido forzadas a desalojos arbitrarios para dar paso a megaproyectos turísticos.
El representante del BRP denunció que mercados municipales y zonas urbanas como Santa Tecla han sido objeto de desalojos violentos bajo la amenaza de encarcelamiento; la implementación de desalojos y desplazamientos de negocios y comerciantes crea condiciones que facilitan un creciente enriquecimiento de la élite empresarial.
“El régimen se ha convertido en una herramienta de intimidación utilizada, incluso, en escuelas, hospitales y espacios públicos. La militarización con cercos militares injustificables contra comunidades, barrios y territorios ha servido para la vigilancia de la población, dejando en un plano secundario el combate al crimen organizado, implementándose como estrategia de control político”, afirmó.
El BRP pidió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que a la brevedad posible pueda investigar de oficio las constantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, debido a la necesidad urgente de las familias víctimas, quienes aún se mantienen detenidas por acusaciones que no han podido ser comprobadas bajo el Régimen de Excepción.
Asimismo, nombrar una instancia permanente por parte de esta institución en atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que pueda promoverse desde esta institución un recurso judicial para exigir a la Asamblea Legislativa la derogación del Régimen de Excepción, debido a las nefastas consecuencias que éste ha generado a miles de víctimas.
También, el BRP exigió crear una comisión para vigilar la situación de las personas privadas de libertad y pueda publicarse un informe sobre dicha investigación, que se practique una inspección en los distintos centros penales, a fin de conocer la situación de los capturados y publicar un informe público sobre dicha inspección.
Además, consideró necesario nombrar una comisión para supervisar la actuación de las distintas instancias vinculadas a la continuidad del Régimen de Excepción, ya sea la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Defensa, Dirección de Centros Penales y juzgados especializados para el crimen organizado, debido a la falta de legalidad de los juicios colectivos que rompen con el principio de la individualización de la pena.
Mientras tanto, Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), dijo que nunca han visto un pronunciamiento de la PDDH denunciando la violación de los derechos humanos, las capturas arbitrarias, los muertos en las cárceles, que al ver sus cuerpos tienen señales de tortura o han sido apuñaladas, lo cual significa haber sido asesinados en las cárceles.
Ramírez hizo un llamado a la PDDH que asuma un papel más preponderante, con más beligerancia en el país, pues no puede haber un Régimen de Excepción sin que las instituciones creadas para ello cumplan con su papel, especialmente esta que es producto de los Acuerdos de Paz.
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