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Kendra Cordero
@KendraCordero_7
Colaboradora
La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua expresó su preocupación sobre los reglamentos creados por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), por lo que declaró que es injusto y que pone en desventaja a las Juntas Comunitarias de Agua, las cuales son organizaciones sin fines de lucro encargadas de prestar el servicio de agua potable en las comunidades, ya sean estas urbanas o rurales.
Para la Alianza hay una injusticia en el reglamento, ya que las regulaciones del lineamiento aplican “duros requisitos” para comprobar el uso doméstico del agua y para quienes la distribuyen, el mismo reglamento no regula a las industrias y sectores que por décadas se han lucrado de la explotación y mercantilización del agua de mejor calidad en el país.
Desde que se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos el 22 de diciembre de 2021, la Alianza ha denunciado que la ley no da garantías de acceso a la población, y no es un cuerpo normativo diseñado para preservación de los bienes hídricos.
Luis González, miembro de la Alianza, dijo preocuparle esas nuevas normativas que se generan de parte de la ASA, reglamentos y lineamientos que mandata la Ley General de Recursos Hídricos, “pero que hoy por hoy, están promoviendo la injusticia hídrica, estamos viendo que estos lineamientos generan condiciones para exacerbar la crisis del agua y no garantizar el derecho del agua a la población”.
Amalia López, también de la Alianza, declaró que el presidente de ASA, Jorge Castaneda, visitó a escala nacional las juntas de agua y platicó con estas diciéndoles que no les iban a cobrar el uso del canon; sin embargo, ahora con las regulaciones impuestas si se les cobrará.
López detalló que las juntas de agua nunca han cobrado por el agua, las juntas han cobrado por la administración y la logística de esta (distribuyéndola en las viviendas de los salvadoreños).
Sobre los lineamientos de transparencia, López manifestó que “pueden tener muy buenas intenciones, pero al final en lo que se convierte es en una arma más para seguir sangrando la bolsa a la gente”, debido a que las juntas de agua tendrán que normalizarse y hacer gastos extraordinarios para cumplir con los requisitos que la ASA le impone para darle el permiso de la explotación.
“Todos esos costos no los va a pagar la junta de agua, lo va a pagar el usuario final”, detalló López.
Para la Alianza, la normativa agrava la injusticia hídrica, ya que impone requisitos a las Juntas Comunitarias de Agua que son muy difíciles de cumplir por la falta de apoyo técnico, financiero y jurídico, por lo que exige que el lineamiento de transparencia debe contener regulaciones para que el Estado rinda cuentas de quién, cómo y de dónde proviene el agua con que se riegan los cultivos.
Que la ASA se ocupe de asuntos estratégicos en protección y restauración de ecosistemas, y que se creen criterios que permitan priorizar los grandes problemas de abastecimiento de agua a la población más pobre y vulnerable, recomendó la Alianza.
