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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En un país democrático, con un sistema político y electoral democrático, la frase que intitula este articulo constituye una afirmación que reflejaría la voluntad libre de los ciudadanos, la potestad de decidir quienes han de ser sus gobernantes.
Es que reglas claras, resultados inciertos, supone que hay respeto a las normas primarias, en nuestro caso a la Constitución de la República; que hay respeto a principios y valores democráticos y que los actores políticos, llámense partidos o asociaciones políticas, tienen capacidad de respetar la voluntad popular.
Por eso la alternancia puede resultar natural en un país que respeta sus reglas para decidir sobre sus gobernantes y que estos respetan al pueblo; pero eso es lo que parece agotarse poco a poco en nuestro país, con la maquinaria que el presidente de la República tiene a su servicio para dar visos de legalidad a las peores arbitrariedades.
Así, poco a poco, se yuxtapone a las leyes aprobadas con apego a la Constitución, a la participación de la ciudadanía, a un Legislativo pluralista, con debates, escuchando a quienes tienen experiencia, sobre todo, a eso se va sobreponiendo un conjunto de leyes y decisiones que sostienen a un régimen autoritario que rompió ya, desde los cimientos, la Constitución.
Desde las elecciones de 2021 se rompió el equilibrio democrático. El presidente amordazó y amarró a sus opositores reales, quitando fondos a los gobiernos locales, negando la deuda política que la Constitución manda, sosteniendo con fondos públicos una campaña de desprestigio a los partidos y a sus miembros, mostrando que dominaba con armas como el ejercito y la policía, invadiendo el recinto legislativo.
Con ese ambiente se logró para el bloque dominante el control del Parlamento, que solo lo había tenido, en esa dimensión, el PCN, partido de la dictadura militar, en la que en reunión de la tanda de coroneles elegía al candidato presidencial, la oligarquía le nombraba a un vicepresidente y el partido los proclamaba. El aparato paramilitar, con sus defensas civiles y el ejército, y el Consejo Central de Elecciones, aseguraban el fraude para reproducirse políticamente uno tras otro gobierno.
Así empezó la mutación del Estado de Derecho constitucional. Con atropellos a la Constitución, tolerados por temor al ejército, por parte de quienes estaban llamados a poner una detente, como la Fiscalía, la misma Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia anteriores.
Lo que ahora vemos como cambio de reglas electorales, o el establecimiento de nuevos delitos electorales, es solo la continuidad de lo que viene viviendo el país desde la llegada del presidente de la República, en junio de 2019.
Costó hacer entender, en el pasado, que es incorrecto cambiar las reglas electorales cuando el proceso ha iniciado y que más incorrecto es violar las reglas. Lo segundo ocurrió y ocurre con descaro; y aunque el bloque dominante, que aspira convertirse en dictadura, asegura que tiene el apoyo popular para continuar en el gobierno, se ve obligado a modificar las reglas electorales, ¿duda del resultado o reafirma su poder?
Quiénes tienen derecho a elegir, quién es la autoridad electoral, cuál es la conducta democrática de los actores que compiten, lo que incluye claridad en la forma de elegir sus aspirantes a cargos de elección popular son, entre otras, reglas que costó consolidar y que con las reformas que se vienen haciendo desde la sentencia que faculta la reelección presidencial, por parte de la Sala de lo Constitucional, nombrada el 1 de mayo de 2021, se están cambiando.
Ahora, los electores con derecho a voto se definirán tres meses antes de la elección presidencial, según la última reforma. Anteriormente era con un año de anticipación.
Es decir, que el registro electoral se hará un mes después de que se hayan podido inscribir los candidatos a presidente de la República. Eso significa que no se conocerá cuantas personas están con derecho a votar en cada departamento y municipio.
Pero si, además, se cambian las circunscripciones electorales, disminuyen los municipios a una quinta parte, qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el registro electoral, con la consulta ciudadana para ubicar las juntas receptoras de voto en centros que deben estar definidos, más o menos a mitad de este año? ¿Cómo quedarán los sectores electorales?
Contrario a la cita que define un sistema democrático de elecciones, reglas claras y resultados inciertos, aquí se quiere imponer y asegurar que los resultados ya están definidos, las reglas las irán ajustando a la medida de los deseos del gobernante.
Es una lástima que el dialogo entre las fuerzas sociales y políticas opositoras sea tan débil, si existiera permitiría analizar los impactos futuros de las decisiones que toma el régimen, y advertir el camino por el que se lleva al país a un infierno futuro.
