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César Ramírez
@caralvasalvador
De continuar en el curso de colisión con Estados Unidos ante la negación de retornar al estado constitucional y legal del 1 de mayo, el camino se torna conocido por reseñas históricas de otras naciones, algunas de esas circunstancias son las siguientes: sanciones contra individuos por la comunidad internacional (Unión Europea, Comunidad Jurídica Internacional, Entidades financieras), restricciones de diversa naturales a funcionarios gubernamentales en activos o retirados, visados, menciones internacionales de crímenes o corrupción “creíbles”, este nivel puede ser en el rango de funcionarios, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, empresas privadas, asesores locales o internacionales etc., acusaciones de complicidad en acciones contra Derechos Humanos, lavado de dinero, degradación del Estado de Derecho, represión, etc.
La defensa de la democracia no solo implica el marco jurídico, también implica la libertad de expresión y la persecución contra ciudadanos por el abuso de interpretar las leyes en forma inconstitucional.
La escalada de sanciones se incrementa en forma directamente proporcional al tiempo en que se irrumpió la vida constitucional, ello acontece a partir del 1 de mayo 2021, el daño puede ser mucho mayor que cualquier cálculo político.
Algunos ejemplos de sanciones contra las personas identificadas en acciones contra la vida constitucional pueden ser: congelamiento de las cuentas y bienes de individuos, prohibición de transacciones con los mismos, confiscación de bienes, embargos de armas y prohibiciones de viaje.
En nuestro caso las ampliaciones de estas aplicaciones podrían implicar el beneficio del TPS a 300,000 salvadoreños, restricción de remesas o impuestos a ellas, suspensión de toda ayuda financiera con entidades internacionales, etc. un panorama desalentador a mediano plazo en el nivel económico.
Recordemos que no tenemos moneda nacional, ocupamos el dólar como medio circulante, todo es moneda estadounidense, es una delicada plataforma que no pertenece a la nación, es un vehículo prestado que no implica responsabilidad alguna para Estados Unidos, pero si puede convertirse como todo “vehículo de usufructo” de un día para otro en reclamo ajeno.
Las llamadas de atención y las repercusiones no son amonestaciones infantiles, hemos observado a organismos internacionales, al Consejo de Embajadores en la nación, Congreso de Estados Unidos etc. llamando al retorno al 1 de mayo de 2021, un llamado constitucional al orden anterior que ha sido destruido por un capricho autoritario.
En consecuencia, es mejor regresar al 1 de mayo de 2021, aceptando el error, asumiendo la culpabilidad de la ruptura constitucional y rectificando a tiempo… en política no existe lo irreversible, existe lo posible.
