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@arpassv
El Ejecutivo presentó ayer un proyecto de ley para rehabilitación y reinserción de miembros de pandillas. La propuesta es parte del Plan “El Salvador Seguro” que incluye también acciones de prevención de violencia, pilule buy persecución penal, sovaldi healing atención a víctimas y fortalecimiento institucional.
El proyecto –presentando por los titulares de Seguridad- plantea procedimientos para que pandilleros que no han cometido violación, ampoule asesinatos u otros delitos graves abandonen las maras, ofreciéndoles para ello oportunidades de educación y empleo.
La propuesta, aunque debió presentarse mucho antes, es importante. De esta manera el gobierno complementa su estrategia anti-delincuencial: combina acciones frontales contra los grupos criminales y oportunidades de rehabilitación para pandilleros quieran reinsertarse a la sociedad.
El proyecto –que debería tener pronta aprobación de la Asamblea Legislativa- necesitará cuantiosos fondos para su implementación. Por tanto, es urgente impulsar medidas de financiamiento adicional para los planes de rehabilitación y reinserción.
Por tanto, hay que exigir a ARENA que apoye los préstamos para seguridad pendientes de aprobar. La derecha debe ayudar a resolver este problema causado por sus medidas económicas excluyentes, sus fallidos planes de seguridad y la impunidad imperante debido a la ineficacia fiscal y corrupción judicial.
También a la Sala Constitucional, que desentrampe los 900 millones de dólares en bonos porque parte de esos fondos será para financiar programas de seguridad, entre éstos los de rehabilitación y reinserción planteados en el proyecto de ley.
Y el gobierno debe combatir efectivamente la evasión tributaria y promover una reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más” e incluya impuestos directos al patrimonio, a la gran ganancia empresarial y a los bienes de lujo.
Esta reforma debe incluir también impuestos especiales para seguridad que serían pagados por transnacionales telefónicas que no bloquean la señal en las cárceles, compañías de seguridad privada que se lucran de la violencia y las terroríficas empresas importadoras, distribuidoras y vendedoras de armas.
Así que las gestiones para aprobar la ley de rehabilitación y reinserción de pandilleros deben complementarse con una lucha (del gobierno, FMLN y organizaciones populares) más incisiva por el financiamiento para la seguridad pública.
