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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) extendió su apoyo a los defensores ambientalistas Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Rivas y Miguel Gómez, y la comunidad Santa Marta, caso que consideran como “acto violatorio de los derechos humanos bajo el Estado de Excepción, que ya cumplió tres años de vigencia.
El 11 de enero de 2023, la Fiscalía General de la República capturó, en la Comunidad Santa Marta, Cabañas, a los cinco ambientalistas bajo “falsas acusaciones”, han afirmado en reiteradas ocasiones miembros de la junta directiva de ADES – Santa Marta.
“Ha suspendido indefinidamente los derechos tutelados por la Constitución salvadoreña. Un ejemplo es la detención de Eugenio Chicas Martínez, testigo clave en el proceso judicial contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, por el lawfare, que es la utilización de instrumentos jurídicos para la persecución política”, reiteran en un pronunciamiento.
“Otro ejemplo es la detención arbitraria y la prisión preventiva de Fidel Zavala, portavoz de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH), y de veintitrés miembros de la comunidad La Floresta, a la que se Zavala y UNIDECH había estado apoyando contra un desalojo”, añade la Asociación.
En el caso de los ambientalistas de Santa Marta ha continuado, luego de la petición que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo a la Cámara Penal de Cojutepeque de un nuevo juicio contra los líderes comunitarios, luego de que fueron absueltos por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, y que los puso en libertad en octubre del año pasado. Ahora esperan una nueva Vista Pública en este mes de abril.
“Llamamos al cese de persecución política de los defensores de los derechos humanos”, exigió la Asociación Americana de Juristas, sobre todo, luego de la aprobación de la Ley en favor de la Minería, en diciembre de 2024, que abre las puertas a las empresas transnacionales mineras para operar en El Salvador, con mínimas protecciones ambientales, en un país que ya enfrenta la contaminación, la escasez de agua, la deforestación, y el deterioro del medio ambiente“, señala.
En respuesta a la ley de la minería “ha surgido desde la sociedad civil un amplio frente antiminero en defensa del agua y la vida, que cuestiona la implementación de una agenda económica extractiva, por lo que la persecución política se extienda a los defensores ambientales”, acota.
Para la Asociación Americana de Juristas es preocupante la implementación de un “patrón de criminalización” que ha sido aplicada a los cinco ambientalistas de Santa Marta–ADES, de Cabañas, quienes serán sometidos a un segundo juicio el 9 de abril próximo. A lo que se añade el encarcelamiento de personas defensoras de derechos humanos que luchan contra las expropiaciones de las comunidades.
“Llamamos a la desestimación de todos los cargos contra los cinco defensores de Santa Marta y ADES. Expresamos nuestro apoyo y el cese a la persecución de los destacados abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, del grupo de defensa legal UNIDECH, conocidos en El Salvador por representar a personas detenidas arbitrariamente bajo el Estado de Excepción, así como el cese de amenazas contra la abogada defensora Ingrid Escobar del Socorro Jurídico Humanitario”, dice la Asociación Americana de Juristas, y rubricado por rubrican Vanessa Ramos, en su calidad de presidenta del AAJ Continental, y Luis Carlos Moro, secretario general.
