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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alfredo Leiva, directivo de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), reiteró la petición a la Cámara Penal de Cojutepeque de ratificar el sobreseimiento emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, el pasado 18 de octubre del presente año, a favor de los ambientalistas de Santa Marta.
El llamado de la Comunidad Santa Marta y ADES se enmarca en el vigésimo segundo mes de “persecución política”, señaló Leiva. Los ambietalistas afectados son Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez y, Pedro Antonio Rivas Laínez García.
“Se cumplen 22 meses de la abusiva, arbitraria e ilegal detención de nuestros líderes comunitarios capturados el 11 de enero de 2023, como represalia contra la denuncia que ha hecho Santa Marta y ADES sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país”, dijo Leiva.
“Estos 22 meses han sido de persecución contra el activismo ambiental y la criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos que amenazan el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, agregó el también líder comunitario.
El pasado 18 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque resolvió: “Declárase extinguida la acción penal por prescripción, en contra los acusados presentes Fidel de Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez García”, y el “sobreseimiento definitivo”.
A los seis, la fiscalía les imputaba los delitos de asesinato, previsto en los artículos 152, 153 No2 del Código Penal derogado (1973), en perjuicio de María Inés Alvarenga Leiva, y el de asociaciones ilícitas conforme al artículo 407, del mismo Código Penal, en perjuicio de la paz pública”, porque la Fiscalía General de la República no logró sostener el caso y, por tanto, los dejaban en libertad.
“La justicia llegó cuando el pasado 18 de octubre la sentencia del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, otorgó el sobreseimiento definitivo a nuestros compañeros”, añadió.
“Las valientes juezas del tribunal resolvieron por unanimidad que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de delito de Lesa Humanidad ni de Crimen de Guerra. Y que, por tanto, la acción penal es improcedente debido a la prescripción de los supuestos hechos imputados”, alegó Leiva.
Leiva denunció que “conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas”, por el mismo motivo, continúan empeñados en revertir el fallo absolutorio o demorar la libertad definitiva de los ambientalistas, en detrimento de la tranquilidad de sus familiares y la organización.
“La Fiscalía General de la República, ha presentado una apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque. Y ante esto, Santa Marta y ADES hacemos un respetuoso llamado a los honorables magistrados de la Cámara de lo Penal, que resolverán las apelaciones, que actúen a la base de la legalidad, al debido proceso y la justicia”, expresó, Leiva.
“Eso significa ratificar la sentencia del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque como ha dicho la defensa legal de los compañeros que es la única respuesta a la apelación de resolución posible que pueden dar, desde la perspectiva del Estado de Derecho, y es confirmar el sobreseimiento definitivo de nuestros compañeros”, aseveró Leiva.
Movimiento Social a la espera de ratificación de libertad
Diversas organizaciones, movimientos populares e iglesias históricas han acompañado a la Comunidad Santa Marta y ADES, con el fin de rechazar la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país.
La MPGR ha informado que el territorio salvadoreño tiene el 80% en situación de vulnerabilidad, sumado a casi el 90% de la población que reside en estos territorios.
Territorios que, con una empresa minera industrializada, se convertiría en una “tragedia de grandes dimensiones”, para la mayoría de la población que van a quedar con menos mantos acuíferos no contaminados, entre otros impactos ambientales.
De la misma manera, han aclarado que El Salvador continúa enfrentando una grave crisis con el “recurso hídrico” en cantidad, calidad y acceso. Que los ríos actualmente se están secando y los acuíferos están bajando sus niveles. Sin contar que las aguas superficiales que han sido contaminadas.
Otros analistas han señalado que el Estado de El Salvador está utilizando la “doctrina del derecho penal del enemigo”, que consiste en castigar a las personas, aunque estos no hayan cometido ningún delito. Si no, por una pretensión que tienen de peligrosidad las personas acusadas y detenidas.
Sobre el papel del ente fiscal, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario, ha señalado que si bien les “alegra” la resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que califican apegado a derecho, lamentan que la Fiscalía continúe “en obediencia a las órdenes del Ejecutivo y amparados en el terror que significa el protocolo del régimen de excepción”.
Y que esto, no significaba más que, “un mensaje a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que defiende derechos humanos que el Estado los perseguirá y encarcelará a todo aquél que se atreva a defender los derechos sociales, ambientales, económicos y culturales”, dijo Íngrid Escobar.
Organizaciones internacionales en solidaridad con ambientalistas
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (Coodinadora), en un pronunciamiento, celebran la sentencia emitida el 18 de octubre de 2024, por el Tribunal de Sentencia en Sensuntepeque, en la que se declara el sobreseimiento definitivo a favor de los cinco líderes de Santa Marta. Y que determinó también que la Fiscalía no logró establecer la existencia de los delitos imputados.
La Coordinadora es una red española formada por organizaciones y plataformas que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
La Coordinadora expresa también su “preocupación” por el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la República el 29 de octubre de 2024, en el cual solicita la anulación de la sentencia referida.
“La actuación de la Fiscalía denota un interés de continuar con el proceso de criminalización en contra los defensores ambientales de Santa Marta y de la organización ADES. Por ello, instamos a la Cámara Penal de Cojutepeque a que ratifique la decisión del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, por la que se estableció el sobreseimiento definitivo a favor de los cinco líderes”, peticionó.
“Finalmente expresamos nuestra solidaridad con los líderes y defensores de Santa Marta y de la organización ADES, reconocemos su labor en la promoción de los derechos humanos y del medio ambiente en El Salvador”, puntualizó la Coordinadora.
