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El Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), case Edison Lanza, prostate envió una carta al Estado salvadoreño en la que, entre otras cosas, muestra su preocupación porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pese a haber declarado inconstitucional la renovación automática de las frecuencias, estableció que la misma es un “derecho adquirido” de los actuales concesionarios, lo que implicaría que estos puedan renovar por 20 años más su licencia.
La Sala argumentó en su sentencia que las prórrogas automáticas implican “un obstáculo para la democratización de los medios informativos”, sin embargo garantizó que los actuales concesionarios puedan renovar su concesión automáticamente.
“La noción de ‘derechos adquiridos’ no debe suponer un derecho a la propiedad del espectro utilizado, sino la seguridad jurídica de mantener sus emisiones de televisión en condiciones iguales o similares a como las venía desarrollando, en otro sector del espectro destinado a servicios de televisión, según los planes técnicos nacionales”, reza parte de la misiva.
Según el Relator esta decisión representa una “mayor preocupación”, pues no considera la inminente digitalización de la televisión abierta prevista para 2018. Este proceso permitirá la multiplicación de canales, que con la vigencia de la actual Ley de Telecomunicaciones, provocaría una mayor concentración mediática.
“Que el Estado deba asegurar la continuidad de las transmisiones de los operadores existentes en el nuevo entorno digital no significa, necesariamente, que tengan un derecho adquirido a acceder a un nuevo canal o frecuencia completo para su uso exclusivo, de manera automática, sin concurso y sin costos”, expuso el Relator.
Lanza recordó que la Relatoría ha establecido que uno de los propósitos de la implementación de la televisión digital es representar una posibilidad de generar un sistema de medios “más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas”.
El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los monopolios u oligopolios “conspiran” contra la democracia.
La carta del Relator fue enviada en el marco de la discusión de la comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa que discute las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 29 de julio, a quienes el relator dirigió la misiva, así como al secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
El Relator también solicitó en un plazo de 30 días, a partir de la recepción de la correspondencia, que se le envíe información sobre los avances en la discusión de las reformas. Asimismo, se pone a disposición para brindar asistencia técnica al Parlamento salvadoreño.
