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“La policía no va a seguir estando preparada si seguimos recurriendo a la Fuerza Armada, para cumplir una función que no está llamada a cumplir constitucionalmente”, señaló la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo.
La representante de la ONU criticó la actuación de las fuerzas armadas en materias de seguridad en El Salvador y señaló, que “siempre se plantea recurso permanente a la Fuerza Armada bajo el supuesto argumento que la policía no está preparada”.
La enviada de la Organización de las Naciones Unidos pidió apostarle a la profesionalización y modernización de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual está “capacitada en garantizar la seguridad ciudadana”.
Además se refirió a los requisitos de la declaración de estado de emergencia, la que debe ser por acciones excepcionales y con un carácter temporal.
Cabe destacar que dentro de las acciones del plan de Control Territorial más de 3,000 efectivos de la Fuerza Armada han sido destinados a apoyar a la PNC, a esto se suma la declaratoria de emergencia por tiempo indefinido, ordenada por el presidente Nayib Bukele.
“Los Estados deben justificar las medidas adoptadas, estas deben ser proporcionales a la emergencia (…) tienen la responsabilidad primaria de garantizar la seguridad ciudadana, pero además de cumplir y garantizar los derechos humanos”, expuso Albaladejo en el foro de Políticas Públicas de Seguridad para la Garantía de los Derechos Humanos en El Salvador.
El foro también contó con la participación de Celia Medrano, directora regional de Cristosal, quien señaló que debe existir la garantía de derechos humanos en las acciones de seguridad pública, ya sea en la definición de políticas o implementación de planes en el tema.
“No se trata que sean defensores de derechos humanos “defendiendo” a derechos de delincuentes, quisiéramos que se reflexionara en que avalar, aplaudir, provocar la justificación de la violación de derechos humanos de los otros terminará revirtiéndose a la violación de derechos humanos de todos, en detrimento de una sociedad que para considerarse segura puede y está dispuesta a avalar que se destruya al otro”, dijo.
Medrano enfatizó, que “no puede justificarse la seguridad de otros sobre la base de la destrucción de un enemigo”.
