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Redacción Nacionales
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La Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, reiteró su llamado al Estado salvadoreño de liberar a los activistas ambientales de Santa Marta y ADES.
En un mensaje audiovisual difundido el pasado 22 de agosto, durante el foro público “Reactivación de la minería metálica y persecución del activismo ambiental” realizado en la UCA, la Relatora señaló que la persecución judicial contra los líderes comunales “parece una clara represalia por su defensa de derechos humanos y del medio ambiente en la comunidad de Santa Marta en El Salvador”.
Lawlor sostiene que “la criminalización de defensores es un grave obstáculo para el avance de los derechos humanos en todo el mundo”. Señala que “en América Latina esto afecta con más frecuencia a las personas y comunidades que defienden derechos vinculados a la protección del medio ambiente”.
Para Lawlor, “el objetivo de la criminalización no es sólo silenciar a los defensores de derechos humanos mediante el encarcelamiento, sino también desprestigiar sus luchas ante la opinión pública y deslegitimarlos dentro de sus mismas comunidades”.
Ésta es la cuarta vez que la funcionaria de Naciones Unidas se expresa con firmeza sobre la captura y el proceso penal contra los defensores ambientales de Cabañas. “En marzo de 2023 escribí al gobierno sobre la detención de los defensores de Santa Marta, y desde entonces he solicitado su liberación en múltiples ocasiones”, expresó.
La Relatora argumenta que “la privación de libertad a causa del ejercicio de sus derechos humanos es arbitraria y no puede justificarse”; y advierte que “mientras los defensores se encuentren en arresto domiciliario, ellos no están libres”.
“Estoy ahora preocupada por su salud mental y física, y les ofrezco mi total solidaridad. Una vez más, pido al Gobierno que desestime el caso”, concluye el mensaje.
La fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunales de Santa Marta y ADES de cometer un supuesto asesinato en 1989, durante el conflicto armado. Sin embargo, la defensa legal y las organizaciones sociales señalan que la verdadera razón de la criminalización está relacionada con las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.
Una investigación de la revista Elementos reveló la presencia de empresas mineras en El Salvador, a pesar de que esta industria extractiva fue prohibida en forma definitiva por una ley aprobada por unanimidad en marzo de 2017.
Dicha publicación periodística confirma la denuncia sobre el posible trasfondo minero del proceso penal contra los defensores ambientales, quienes fueron protagonistas de la prohibición de la minería y actualmente son actores claves en la resistencia comunitaria. La vista pública se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre próximo en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, donde la Fiscalía ofrecerá como principal elemento de prueba el testimonio contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que presenció el hecho y después afirmó que le contaron lo sucedido.
Por la libertad de los ambientalistas antimineros se han pronunciado, además de la relatora Lawlor, 17 congresistas estadounidenses, 250 organizaciones de treinta países, destacados académicos y abogados extranjeros y diversas organizaciones, redes, mesas, colectivos, foros y otros espacios del movimiento social salvadoreño. Sin embargo, la Fiscalía se niega a retirar los cargos y el sistema judicial ha llevado el caso hasta la fase de sentencia.
