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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“¿Por qué estamos pidiendo un enfoque trinacional de aguas compartidas?, porque toda Centroamérica tiene una red de cuencas transfronterizas, son 23 cuencas compartidas, es una región altamente dinámicas en el quehacer hídrico”, explicó Guillermo Navarro, de Cáritas El Salvador.
La Red Centroamericana para la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT) y la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) capítulo El Salvador, presentaron su propuesta de gestionar el recurso hídrico que comparten Guatemala, El Salvador y Honduras, en un tratado trinacional que respete el derecho humano de acceso al agua de los pueblos.
El anuncio hecho por la empresa BlueStone Resources Inc. sobre la obtención del permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, para actualizar el estudio de impacto ambiental, bajo la dirección del anterior gobierno central que entregó el permiso acurífero a Cerro Blanco, ha generado el rechazo unánime e inmediato de la población de Asunción Mita, Jutiapa Guatemala, que votó por el “No a la minería” en 2022 en su territorio y de las organizaciones ambientalistas en El Salvador.
“Nuestra preocupación como RedCAT y la REMAM, y otras organizaciones de El Salvador, es por la importancia que tiene el río Lempa en nuestro país. Y estamos hablando que de pasar la mina a cielo abierto, diariamente verterían en ese proceso económico de la empresa 8 toneladas diarias de cianuro que es un veneno altamente letal”, aseguró Navarro.
Sobre los cuerpos de agua afectados, agregó, que esos residuos con metales pesados y venenosos irían primero al río Ostúa, Guatemala, luego al lago de Güija, El Salvador, que tiene un desagüe natural que es el río Atiocoyo, tributante directo del río Lempa.
“Es por esto por lo que vemos muy positivo que la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador hagan pública una preocupación como país; pero eso no basta, esa preocupación, debe convertirse en un enfoque de trabajo con el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Honduras, realmente en general para toda Centroamérica”, alegó Navarro.
RedCAT y la REMAM reiteraron también que la explotación minera y en especial en área sensibles y cercanas a las comunidades locales, plantean una “amenaza significativa para el medio ambiente”, y la calidad de la vida de los habitantes.
La minería conlleva la degradación irreversible del suelo, la contaminación del agua y la destrucción del hábitat natural de estos territorios. Y que de permitir a la empresa BlueStone Resources, era un “grave error” no sólo para Asunción Mita, sino también para El Salvador y Honduras. “Los gobiernos deben estar presentes ante estas amenazas, porque la minería plantea devastación de la naturaleza. Sólo la mina Cerro Blanco es una de las 23 minas en la zona de la frontera con El Salvador. Y el problema también lo tenemos por el lado de Choluteca, Honduras, donde nos informan que hay un aproximado de 53 proyectos mineros”, acotó.
“Esta realidad debe motivar a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador a sentarse y trabajar sobre un enfoque trinacional, por lo que está pasando en las zonas fronterizas y no sólo por actividades de minería, hay otras actividades económicas que de igual manera están contaminando los ríos”, sostuvo Navarro.
Sobre la exposición a sustancias químicas tóxicas que se utilizan en la minería metálica, Navarro explicó que esto tendría una repercusión con efectos irreversibles y perjudiciales para los pueblos de las zonas fronterizas y el Gran San Salvador, que depende del río Lempa para abasto del agua de consumo humano.
“El Salvador es un país agua-dependiente, porque nuestros principales ríos no nacen en el territorio nacional, nacen en Honduras y Guatemala, entonces, por qué no tener una política que atienda a esta problemática que le garantice a la población sus aguas -al menos- contar con un marco jurídico, regional o nuestra propuesta de un Tratado de Aguas Transfronterizas para dar respuesta a este tipo de amenazas”, agregó.
“Esperamos que en los próximos días la preocupación expresada por el gobierno salvadoreño pueda ir obteniendo resultados y que el gobierno nuevo de Guatemala ponga cartas en el asunto, y que toda esta auditoría sobre ese permiso se concretice. Y que al final como en El Salvador se de una Ley de Prohibición a la Minería Metálica”, manifestó Navarro. En su pronunciamiento las organizaciones que integran la RedCAT y la REMAM hicieron un llamado a los gobiernos por la “situación delicada” que implica Cerro Blanco, y su método a cielo abierto, porque este proyecto minero está asentado sobre aguas termales con temperaturas superiores a los 50o centígrados, así como el manejo de los gases y aguas geotérmicas, porque no se vislumbran en el estudio respuestas o medidas técnicas que remedien un accidente o fuga de estas aguas o gases.
Igualmente, reconocen la falta de respeto a la población de Asunción Mita, que tomó una decisión en una Consulta de Vecinos, el pasado 18 de septiembre de 2022, para decir No a la Minería en su territorio. Que vendría a afectar la cuenca Ostúa-Güija-Lempa, que afectaría a la población salvadoreña y hondureña que comparten esta cuenca junto a Guatemala.
Para Guillermo Navarro, se debe rechazar de inmediato “la narrativa de dialogar con la empresa”, para buscar alternativas de que Cerro Blanco no contamine los territorios de los tres países. Y añadió que es una “mentira” porque la minería por la naturaleza de su proceso es destructiva y contaminante del medio ambiente.
“No olvidemos que el impacto más profundo que tendríamos de Cerro Blanco serían las 8 toneladas de cianuro, es decir, prácticamente estamos condenando a muerte toda la vida acuática. Y está amenazado al 65% de la población del área metropolitana de San Salvador, que consume agua del río Lempa. Y es mucho más complicado porque aún no se conocen métodos que separen el cianuro del agua, abordar el tema es urgente”, puntualizó Navarro.
