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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado luego que la jueza del Tribunal Sexto de Sentencia, Gladys Margarita Salgado, fuera trasladada a otro juzgado por el simple hecho de determinar que la demanda de la diputada oficialista, Marcela Pineda, contra la investigadora Jeannette Aguilar, era improcedente.
La jueza basó su resolución, y por ello rechazó la demanda por difamación, en que el mensaje que la investigadora publicó en su cuenta de Twitter “no presenta ninguna frase difamatoria”.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, catalogó la decisión de remoción como “gravísimo” y un precedente “nefasto”. “No tengo duda que preocupa profundamente a la comunidad jurídica del país, ya no hay garantías de que cualquier proceso que llevemos si tocamos algún interés del oficialismo, va a hacer todo lo posible para que ese acceso a la justicia nunca llegue”.
Misma opinión compartió el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, quien sostuvo que es una coincidencia “muy lamentable”, también, es una consecuencia de las decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa que han ido en contra de la independencia judicial “y es parte de lo que seguiremos viendo desde el Órgano Judicial con jueces que defiendan la ley, la institucionalidad y sean incómodos para el régimen, van a ser reubicados o removidos”.
El legislador de oposición comentó que el mensaje que se manda, es que en El Salvador no existen garantías “y si no hay garantías, nuestros derechos no valen”.
Por ello, la diputada Claudia Ortiz hizo un llamado a la comunidad internacional y al relator de independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García Sayán, para que emita un pronunciamiento y se activen los mecanismos de Naciones Unidas ante este precedente, “donde se está viendo claramente que ante el capricho de una funcionaria que no procedía el supuesto delito y se está presionando de una manera indebida a la jueza que resolvió”.
La diputada Marleni Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), agregó que todo abogado de la República que se dedica al ejercicio libre de la profesión tendría que tener conocimientos que, para admitir una demanda, se debe cumplir los elementos básicos para ser declarada admisible. “La jueza, con base a su criterio, experiencia y legalidad, decidió no admitir una demanda que a todas luces era más que todo un show publicitario para desviar los temas de intereses del país”.
La legisladora afirmó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, es un mensaje para todos los jueces que quieran pronunciarse en la misma línea, de no obedecer al oficialismo.
Por su parte, el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Numan Salgado, se limitó en decir que cada Órgano de Estado es independiente, y afirmó que la CSJ tiene su propio procedimiento y la forma en la que ejercen la administración interna. Serán los magistrados quienes deberán explicar las razones de su traslado, dijo.
Mientras que al diputado Guillermo Gallegos, también de GANA, le pareció “correcto” la remoción de la jueza. “Lastimosamente ella (la juez) no aplicó el derecho como debía, no conozco la resolución, pero si ha sido de mal gusto el conocer que no se haya admitido”, refiriéndose a la demanda que Pineda interpuso.
