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El contencioso entre el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, y la Asamblea Nacional se salda este martes con la renuncia de dos ministros, la de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, y del vocero de la presidencia, Carlos Jijón, quienes están en desacuerdo con la línea seguida por el mandatario en ese sentido.
Alexandra Vela renunció al Ministerio de Gobierno, luego de que el Presidente Lasso se negó a aplicar la llamada «muerte cruzada», la cual implicaría la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto de las elecciones, ante la negativa del legislativo de ratificar y/o aprobar iniciativas presidenciales.
Ante ello, Lasso anunció que gobernaría por decreto y reglamentos a leyes. Según Vela, este era un mecanismo para preservar la democracia en el país y su insistencia habría causado malestar al presidente y sus colaboradores.
Por su parte, el presidente Lasso agradeció la gestión de Vela al frente del Ministerio de Gobierno y dijo que «el Gobierno Nacional continuará trabajando de forma permanente por el bienestar de la ciudadanía, la protección de la democracia y la creación de un país de oportunidades y seguro para todos».
El asambleísta por la provincia de Guayas, Francisco Jiménez, será oficializado en las próximas horas como el nuevo Ministro de Gobierno, en reemplazo de Alexandra Vela
Menos de 24 horas antes, el lunes, Carlos Jijón, mediante su cuenta de Twitter, confirmaba que deja su cargo dentro del Gobierno de Lasso luego de fracasar las negociaciones con el legislativo a propósito de la nueva ley de inversiones.
El presidente Lasso volvió a arremeter contra la Asamblea Nacional y acusó, sin dar nombres, que a la mayoría de legisladores «no les importa el Ecuador» y lo único que les interesa es hacer «negocios personales, intereses partidistas, egoísmos, vanidades o celos».
Dijo que podría empezar a gobernar con decreto ejecutivo o con reglamentos a las leyes. Esto, luego de repasar que el Legislativo ha aprobado un solo proyecto de cinco enviados, entre los que se encuentra: el proyecto de ley de Libre Expresión y Comunicación; las reformas a la Ley de Educación Superior; el proyecto de Ley de Seguridad; el proyecto de Ley Creando Oportunidades y la negada ley de inversiones.
