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@arpassv
El fiscal general Douglas Meléndez debería renunciar por incapaz o la Asamblea Legislativa destituirlo por inepto. El país no debe mantener a un fiscal que pierde los casos importantes debido a su mal procedimiento, fallas en las pruebas y falta de eficacia en la sustentación de los diferentes casos.
Esta semana se le cayó el llamado “Caso Funes”. La representación fiscal no pudo comprobar la procedencia ilícita de fondos del ex presidente Mauricio Funes, y para justificarse descalificó a los peritos del Sistema Financiero, a quienes -incluso- amenazó con procesarlos en los tribunales.
Y para desviar la atención de las críticas contra este nuevo fracaso, Meléndez denunció la existencia de una “nueva tregua” con las pandillas, mostró supuestas pruebas y hasta acusó públicamente a funcionarios, diplomáticos y líderes religiosos. Más grave aún, dijo que ha realizado escuchas telefónicas, sin precisar si contó con la autorización de algún juez para hacerlo.
El mismo modus operandi: acusar y presentar supuestas pruebas ante los medios de comunicación, en vez de judicializar casos en los tribunales. En el “Caso Funes”, el fiscal montó un enorme show mediático y resultó al final que nunca tuvo pruebas. El ex gobernante debería demandarlo.
El ex fiscal Luis Martínez montaba casos, inventaba pruebas y manipulaba los procedimientos, por lo cual ahora está preso. El actual fiscal debería correr la misma suerte, por manipular casos y negarse a investigar otros. Esto último está tipificado en Código Penal como incumplimiento de deberes y omisión de investigación.
El fiscal no da una. Fracasó hace un par de meses el “Caso Tregua” y ahora con el “Caso Funes”. No investiga casos relevantes (como la corrupción de los gobiernos de ARENA o los abusos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional) y los que levanta se le caen.
Vale insistir. El fiscal debe renunciar o ser despedido por incompetencia notoria. El país necesita uno capaz, honesto y comprometido con el combate contra la corrupción, el crimen organizado y demás delitos que la inoperancia fiscal o judicial deja impunes.
