Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El Salvador debería estar divido en 50 municipios máximo. Es absurdo que 21 000 kilómetros2 estén divididos en 262 alcaldías”, este fue el tweet del presidente Nayib Bukele, publicado en su red social el 30 de diciembre de 2022, y que ha generado un debate entre diversos sectores -que argumentan- que el tema por su complejidad tiene que ser abordado desde una consulta pública.
En este entendido, el Movimiento Político ReverdES argumentó que este proceso de una nueva “división político-administrativa para el país debería ser: Integral, Equitativa y Sustentable”, y no un tema “abordado a la ligera en un tuit”, alegó María Caballero.
La decisión de la administración del presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda MH), de dejar de transferir el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), en junio del 2020, llevó casi de inmediato a los gobiernos locales a una crisis financiera que ha dejado sin liquidez económica a las municipalidades para sus proyectos sociales y el impago de salarios a sus trabajadores que ha generado hasta capturas de dirigentes sindicales por exigir el pago públicamente.
María Caballero, integrante de ReverdES, manifestó que la actual división político administrativa del país es un modelo “arbitrario, desequilibrado, excluyente y pro-oligárquico”. En el sentido la territorialidad del Estado salvadoreño, es una herencia histórica vinculada a prácticas de exterminio de los pueblos ancestrales y el saqueo de la Colonia española.
“Los bienes comunes naturales y culturales del territorio salvadoreño nunca han sido puestos al servicio de la calidad de vida de la población, tampoco se ha tomado en cuenta la dimensión ambiental ni la vocación de los ecosistemas”, alegó.
“En 1882, durante el gobierno de Zaldívar, la usurpación de las tierras ejidales (de uso colectivo), de las comunidades indígenas y campesinas dio origen a los grupos oligárquicos agroexportadores y condenó a la miseria y exclusión a las grandes mayorías de la población a lo largo de todo el siglo XX, y las tierras más fértiles se han utilizado para cultivos de exportación en menoscabo de las necesidades de la población”, reseñó Caballero.
En cuanto a la propuesta lanzada en las redes sociales por el presidente Nayib Bukele, Caballero señaló que estaban de acuerdo que debe reestructurarse la división territorial que históricamente ha generado tantas brechas de desigualdad, pero este nuevo diseño debe estar acorde a un proceso de transformación radical al desechar las “políticas neoliberales” y dar predominio de lo público sobre lo privado y del bien común, sobre los intereses particulares.
Dalia González, integrante de ReverdES, añadió que actualmente el municipio tiene una figura jurídico política excluyente, producto de la herencia colonial, y en donde cada uno de estos territorios se organizaron desde el interés de cada ”terrateniente” de la zona, y cada latifundio se convirtió en municipio.
“Sí estamos de acuerdo con reorganizar el territorio, pero es necesario romper con ese esquema viejo, que al final no es funcional. Y mencionar que desde hace más de 30 años se viene organizando el territorio de acuerdo a lo que dice la oligarquía, antes las haciendas, y ahora la expansión es urbanística, en donde se construyen ciudades completas sin ningún criterio técnico”, sostuvo.
“Son los intereses oligárquicos y el criterio de la ganancia. Tenemos el ejemplo de lo ocurrido en la colonia Santa Lucía, Ilopango, antes de construir, los estudios técnicos arrojaban que en esa zona no había agua porque la cuenca era demasiado pobre, pero aún así se construyó”, reprochó González.
Ante esta situación, consideró que no puede reorganizarse territorialmente el país, si continúan prevaleciendo los intereses de grupos de poder económico. Y eso comenzaba “rompiendo la lógica de la ganancia”, por criterios técnicos, científicos y de bienestar social y económicos de la población que los habitan, así como la protección del medio ambiente.
“La pregunta para el presidente (Nayib Bukele) es que, a partir de su tweet sobre el tema, estamos de acuerdo en una parte que es la reorganización de los municipios pero ¿Cuáles serán los criterios que va a seguir o aplicar?, seguirá optando por los criterio oligárquicos o bajo los criterios de bienestar de la población, esto nos interesa saber”, indicó González.
Adriana Ramírez, también de ReverdES, manifestó que la división político-administrativa del país debe ser integral, equitativa y sustentable, en el entendido que no solo se trata de disminuir el número de municipios o de diputados por departamento, sino tomar en cuenta la calidad de vida y el impacto para la población en los territorios.
“Como ReverdES, la reorganización que nosotros proponemos es que sea ordenada desde territorios hidrosociales, por el uso y aprechamientos de recursos naturales. Hemos ya escuchado el enfoque de cuenca, pero nos parece que esto no es suficiente”, explicó Ramírez.
“La distribución pro cuenca tiene un elemento natural que es el agua, pero este proceso ha sido interrumpido debido a dinámicas de poder -que es justamente- el poder oligárquico que es el que ha venido extrayendo los bienes naturales y comunes, y ahora ya no funcionan como debería serlo, porque no solo se trata de un proceso jurídico, sino de las relaciones de poder que existen en esos territorios”, apuntó.
Asimismo, Ramírez consideró que esta decisión del Ejecutivo debe contar con una investigación sociológica y técnica para identificar y establecer “las relaciones de poder “ que existan en los municipios. Así como, las relaciones sociales, administrativas, políticas públicas aplicadas y el trabajo que realiza la institucionalidad en el lugar como el MOP, FOVIAl o cualquier ministerio.
“Esta investigación también debe identificar cuáles son las relaciones sociales y quiénes son los actores que están en los territorios disputándose el agua o tierras, porque sabemos que allí se dan relaciones asimétricas, porque no es el mismo poder el que tiene el gobierno o el poder económico frente a la población o una comunidad organizada”, puntualizó Ramírez.
