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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Vistas de manera acumulada, las decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, han causado mucho daño a las finanzas públicas en la parte de los ingresos; y el golpe más reciente de impedir el uso de 900 millones de dólares con una de las sentencias emitidas el 13 de julio pasado, se convierte en un problema nacional que debe ser enfrentado con claridad y resuelto con prontitud antes que sus efectos causen daños mayores a todo el funcionamiento del Estado y la economía del país en su conjunto. Por eso el Presidente de la República abrió hace meses un esfuerzo de diálogo con todos los partidos políticos con representación legislativa y particularmente con el Partido Arena, pues sin su participación este problema se agravará.
Se han difundido toneladas de papel con críticas al gobierno para justificar un eje de desgaste económico, en todos tratan de justificar su postura de ahogamiento financiero presentando argumentos sobre mal manejo, gasto superfluo y tantas otras descalificaciones; pero los que así hablan y escriben tienen capacidad de analizar objetivamente, afirman otras cosas por interés político y por la creencia de que repitiendo esas afirmaciones descalificadoras del gobierno se volverán políticamente simpáticos. Pero si se hace un análisis serio de las finanzas a lo largo de las últimas décadas y particularmente desde la dolarización y privatización de las pensiones queda claro el origen de la dinámica fiscal existente.
En 2009, la deuda pública total sin pensiones era de 9,274 millones de dólares y representaba el 44.9% del PIB. En 2016, la deuda pública total sin pensiones es de 13,090 millones de dólares y representa el 48.9% del PIB. Y si analizamos el crecimiento de la misma entre 2001 y 2009 fue de 10.4%, pues pasaron de una deuda de 4,638 millones de dólares a la antes citada de 9,274 millones de dólares; mientras que el crecimiento de la deuda pública sin pensiones entre 2009 y 2016 es de 5.9%. Esta realidad en el discurso opositor de la derecha mediática y de Arena es invertida para crear una percepción distinta.
El verdadero dolor de cabeza en el crecimiento de la deuda pública radica en la decisión tomada bajo el gobierno de Calderón Sol cuando se privatizaron las pensiones, pues esta fue una deuda “X”, indeterminada y que para contraerla no hay que ir a ningún banco a pedir préstamos o a colocar bonos, sino se origina en la errada decisión de dejar sin fuente de ingreso al Estado para pagar pensiones, darle el manejo de ganancias por decreto a agentes privados llamados AFP y repartir privilegios otorgando pensiones que no tienen base en lo cotizado por segmentos privilegiados de trabajadores del sector privado. QUE DEUDA MAS CARA para toda la sociedad. Es tan cara que llevada a los balances el 44.9 % de deuda sin pensiones en 2009 se convierte en 50% de PIB en ese mismo año al sumarse la deuda de pensiones; pero el 48.9 de 2016 se convierte en 63% de PIB.
En los votos por préstamos, y bonos que es la fuente de la deuda pública sin pensiones, el FMLN fue parte, pues votó por más de 100 préstamos y emisiones de bonos entre 1994 y mayo de 2009, pero de la deuda de pensiones que genera la mitad del déficit fiscal actual, es responsabilidad completa de los intereses privados que empujaron al gobierno de Calderón Sol y a los diputados de derecha a privatizar las pensiones en 1996.
El déficit fiscal, que en todo presupuesto ha existido como diferencia entre gasto e ingreso se ha financiado siempre con emisión de deuda sean préstamos para presupuesto o para inversión. Esto es lo que se afectó con las sentencias de la Sala, y resolverla requiere aprobar la solicitud presentada por el órgano Ejecutivo desde el pasado mes de abril, sin ello de nada sirve una Ley de Responsabilidad Fiscal, así lo han reconocido organismos internacionales y todo economista serio en el país. Pero requiere además que la reforma de pensiones pedida por el gobierno sea entendida y atendida con responsabilidad.
El país tiene una dinámica integrada entre la actividad del Estado no solo como proveedor de servicios, sino como actor fundamental de la economía, afectarlo con la creencia de causar daño político al adversario es dañar al país en su conjunto, por eso los diputados de Arena deben responder a esta obligación con el país de manera urgente sin jugar a sus contradicciones internas por liderazgo. Ojalá esto ocurra pronto.
