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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), confirmó, desde las estadísticas de su organización, el registro de 222 personas adultas muertas, quienes han sido reportadas dentro de los centros penales de Mariona, Izalco, Apanteos, Quezaltepeque, Granja de Zacatecoluca y bartolinas, hasta el 22 de enero de 2024.
“De esas 222 muertes, ni una se ha registrado en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) y eso hay que decirlo, todos los muertos los están poniendo las personas procesadas no condenadas en otros centros penitenciarios”, dijo la directora del Socorro Jurídico Humanitario.
Igualmente, compartió que de esas 222 personas, 94 de ellas eran inocentes, y por el contrario del total de personas fallecidas durante el régimen de excepción, que está a punto de cumplir dos años de vigencia, sólo un 6 % está perfilado como personas pertenecientes a pandillas.
“El 94 % de estas personas no tenían vínculos con pandillas. Aquí mostramos en la sistematización la documentación de personas con nombre, apellidos y detalles que hemos estado llevando de los fallecidos del régimen de excepción y que les podemos dar una copia a las autoridades, para que sigan insistiendo que no hay pruebas y que no se ha presentado nada”, alegó Escobar.
“Recordemos, también, que tenemos el registro de dos niños fallecidos durante el régimen de excepción, Carlitos y Génesis, que nacieron dentro de los centros penales en donde se les agudizó una crisis de salud. Y las abuelas insistieron que les dieran a sus nietos para tratarlos externamente, pero Centros Penales hizo caso omiso y el resultado fue que días después de que al fin los entregaron a sus abuelas han fallecido”, refirió.
Asimismo, hizo referencia al caso de Marco Antonio Martínez, joven padre de familia capturado en San Juan Opico, porque los agentes no creen que su lengua de señas corresponde a una persona con discapacidad auditiva, pese a la constancia médica de su sordera congénita.
“El problema que tenemos como el caso que acabamos de denunciar de Marco Antonio es que en nuestro registro el quinto fallecido del régimen de excepción fue una persona con discapacidad. Y es lo que no queremos que le pase a él, esta personas fallecida tenía unos días detenido cuando falleció en Mariona”, reiteró.
“Claro, en el registro tenemos a gente fallecida perfilada como pandillera en el proceso de registro, pero es sólo el 6 % y el 94 % es gente inocente. Aquí está José Leónidas Bonilla, de quien tenemos iniciado un proceso en sede nacional e internacional. Hay otro caso de una mujer sana que la internaron y le dio cáncer y murió, lo grave es que nunca le dijeron a la familia. El 60 % han sido muertes violentas, el 30 % por falta de tratamiento médico y otro porcentaje que se desconoce”, indicó Escobar.
Mientras, sobre los habeas corpus, Ingrid Escobar afirmó que sólo el Socorro Jurídico Humanitario ha presentado 1,750 de un universo de más de 6 mil procesos similares presentados por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos en el país.
“De estos 1,750 habeas corpus, nos respondieron a 52 casos como improcedentes; otros siete casos han sido prevenciones, los que fueron evacuados por el equipo jurídico y sólo han respondido a uno, en donde han nombrado a un juez ejecutor y estamos esperando que ese juez llegue al centro penal y declare la exhibición personal de esa persona”, explicó.
“Y en otro caso tenemos un menor de edad condenado, que ya tenemos respuesta en Cámara que ordenó su liberación y que basados en esa orden judicial presentamos un habeas corpus, que respondieron casi de inmediato nombrando un juez ejecutor pero aún estamos esperando su respuesta. Es decir, ni el 1 % de los procesos de habeas corpus presentados han sido resuelto en el país, la Sala de lo Constitucional (CSJ) donde hay jueces impuestos ha retardado la justicia, es una justicia negada a la gente”, puntualizó Escobar.
