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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Ester Flores, representante de la juventud dentro de las organizaciones que integran la Coordinadora Salvadoreña de Movimiento Populares, dijo al evaluar el tercer año de gestión del presidente Nayib Bukele, que su grupo poblacional solo ha recibido violencia institucional y limitadas oportunidades de desarrollo para sus proyectos de vida.
“A tres años de este gobierno de Nayib Bukele, las juventudes nos manifestamos en contra de la profunda precarización del costo de la vida, la violencia y la discriminación que estamos viviendo, en el cual el Régimen de Excepción está siendo la política más represiva de todas las acciones”, afirmó.
Las organizaciones y colectivos que se aglutinan en la Coordinadora Salvadoreña de Movimiento Populares sentaron postura ante los tres años de gobierno del presidente Nayib Bukele, desde un análisis sectorial y diverso que detalla el impacto de las políticas implementadas en los últimos años en la población históricamente vulnerable, excluida y estigmatizada por su condición social o económica.
Ester Flores agregó que durante los últimos dos meses bajo el Régimen de Excepción aprobado y extendido por la Asamblea Legislativa ha capturado a más de 35 mil personas, de las cuales la mayoría se encuentra en el rango de los 18 a 30 años de edad y han capturado a más de un millar de menores de 18 años de uno y otro sexo.
“Por lo menos 10 de los 19 muertos en los centros penitenciarios fueron jóvenes. Estas medidas represivas suponen un peso enorme sobre todas las juventudes y sus familias principalmente a aquellas que son diversas, por sus zonas de procedencia, su orientación sexual, identidad y expresión de género, o cualquier aspecto físico o cualquier otra característica cultural y estigmatizan los elementos policiales y militares”, subrayó.
“Es un país que no garantiza los derechos fundamentales para las juventudes tales como: educación pública, gratuita e integral, vivienda deporte, empleo digno y recreación. La repuesta ha sido la creación de nuevos centros penitenciarios, la eliminación de becas para más de 200 niños y jóvenes de educación secundaria, bachillerato y estudios universitarios, y las respuestas de empleo es enlistarse al ejército, migrar o la cárcel”, sostuvo Flores.
Mientras, Verónica Guerra abordó el balance sobre los derechos de las mujeres salvadoreñas, lamentando el registro de 132 feminicidios y 707 desaparecidas, la mayoría mujeres jóvenes en el año 2021. Y en estos primeros cinco meses del 2022, con 20 feminicidios denunciados, que eleva el nivel de inseguridad para este grupo de la población. “A esta situación sumemos los recortes presupuestarios del 10.9% a instituciones garantes de los derechos de las mujeres, siendo el ISDEMU, uno de los más afectados, pese a que es la entidad rectora para implementar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres”, expresó.
En cuanto a la salud, Guerra refirió que en la actual gestión gubernamental, las mujeres se vienen enfrentando a una realidad difícil en donde el acceso a los servicios de salud, la disminución de métodos de planificación familiar, pruebas de tamizaje y seguimiento de casos de cáncer cérvico uterino, son más frecuentes y en mayor cantidad.
“Hay una falta de una política de salud sexual y reproductiva, que se traduce en un incremento de embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 14 años de los que en 2020 se registraron 503, mientras el año 2021, se contabilizaron 530, ni digamos el incremento de muertes maternas que en el año 2019 fueron 27 decesos, las cifras se han ido multiplicando a 46 decesos (2020) y la tendencia es al alza con 53 mujeres fallecidas para el año pasado”, sostuvo Guerra.
El tema de la salud fue evaluado en número rojos. Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud, compartió que en los últimos tres años de la administración del presidente Nayib Bukele los puntos medulares del Plan Cuscatlán no han logrado consolidarse como la construcción de nuevos hospitales en Chalatenango, Ahuachapán, Atiquizaya y La Unión.
“Lejos de gestionar nuevas infraestructuras hospitalarias, este gobierno no ha podido ni construir el nuevo Hospital Rosales e iniciar la construcción del Hospital de Nejapa, cuyo préstamo por 170 millones de dólares, fue aprobado antes que llegara el presidente Bukele al poder”, señaló.
En cuanto al “abastecimiento de medicamentos, el presidente Bukele prometió que sería del 100%, sin embargo, la contraloría sobre abastecimiento de medicamentos, que elabora el Foro Nacional de Salud (FNS) en 24 Unidades de Salud y tres hospitales, ha demostrado que el 40% de la población no se le estaban brindando sus medicamentos en enfermedades como la diabetes, hipertensión, epilepsia y colesterol alto, así como la escasez de vacunas de tuberculosis para niños de 0 a 6 meses y otras vacunas como difteria, tosferina y tétanos”, argumentó.
La Coordinadora Salvadoreña de Movimiento Populares señaló como una gran falta democrática, la “participación social y la transparencia gubernamental”, que consideraron pilares estratégicos de una sociedad inclusiva y pro derechos humanos.
“El reconocimiento al derecho humano al agua y al saneamiento es una promesa incumplida del Plan Cuscatlán”, expresó Tatiana Oliva, quien evaluó los tres años presidenciales en materia ambiental, la que consideró una gestión desacertada en donde la prioridad está orientada en fortalecer o preservar los intereses de los grandes grupos económicos.
“Los intereses de esta gestión son otros, no existe hasta la fecha, ni hecho pública la elaboración de una política ambiental nacional . La única oferta de campaña que se ha cumplido es la agilizar y flexibizar los procesos administrativos que permiten otorgar permisos ambientales para la impllementar proyectos que dicen de desarrollo para grandes empresas en materia urbanística”, manifestó Oliva.
Asimismo, la Coordinadora Salvadoreña de Movimiento Populares rechazó el deterioro sistemático de los derechos laborales, despidos masivos de instituciones públicas y las condiciones deplorables e inhumanas de este sector. Del que denunciaron la coacción, persecución e intimidación sindical, que es una práctica del actual gobierno que solo aumenta las desigualdades e inequidades sociales.
