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Por Miguel Sánchez
Santiago/AFP
Un grupo de represores de la dictadura de Augusto Pinochet pidieron por primera vez perdón por sus crímenes, un gesto duramente rechazado por familiares de las víctimas que calificaron esa medida de «show mediático» con el que buscan una amnistía.
En el marco de una celebración religiosa en el penal de Punta Peuco, una cárcel especial en la que cumplen condenas un centenar de agentes de la dictadura, nueve de los internos, entre ellos Raúl Iturriaga, uno de los jerarcas de la temida policía política del régimen, pidieron perdón por sus crímenes.
«Dios está haciendo algo extraordinario en este país. Esto no había podido ser posible hasta hace poco», dijo a periodistas el pastor anglicano Pablo Alvarez al final de la ceremonia, a la que no tuvo acceso la prensa.
En las afueras del penal, en tanto, unos 50 familiares de víctimas de la dictadura se apostaron desde temprano para expresar su rechazo a la ceremonia, que calificaron de «show mediático» destinado a conseguir una rebaja de sus condenas o una amnistía, por la avanzada edad que tiene la mayoría de ellos.
«Tenemos el derecho y la moral de estar aquí para no permitir este show mediático», dijo Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
«Nadie de los que escuché pidió que se le rebajara la pena o se le diera la amnistía», afirmó por su parte el sacerdote católico Fernando Montes, también presente en la ceremonia.
En Chile rige una amnistía para todos los crímenes políticos cometidos entre 1973 y 1975, pero en los casos de secuestros o desapariciones forzadas muchos jueces no la aplican por estimar que se trata de un «delito permanente».
La justicia internacional también considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad.
Crímenes horribles
En Punta Peuco, una cárcel especial para condenados por delitos de lesa humanidad y en la que los internos cuentan con mejores condiciones que el resto de la población penal, cumplen condenas por secuestros, torturas y asesinato un centenar de exmilitares y agentes civiles de la dictadura, que se saldó con más de 3.200 muertos o desaparecidos y unos 28.000 torturados.
«Estamos hablando de hombres que cometieron crímenes horribles», abundó Lira.
El exmayor del Ejército Raúl Iturriaga, preso desde 2007, está condenado por varios secuestros y asesinatos, entre ellos el del exjefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, muertos en Argentina tras el estallido de una bomba adosada a su automóvil.
Otro de los represores que pidió perdón fue Carlos Herrera, condenado a cadena perpetua por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría, entre otros crímenes y secuestros. También Miguel Estay, un exmiembro del Partido Comunista que traicionó a sus compañeros para convertirse en uno de los principales torturadores de la policía secreta de la dictadura.
Las agrupaciones de víctimas insisten en denunciar que muchos de los condenados aún no entregaron toda la información necesaria para hallar a los cerca de 1.000 detenidos que permanecen desaparecidos, al tiempo que piden el cierre definitivo de la cárcel especial de Punta Peuco.
El último hallazgo importante de osamentas de víctimas de la dictadura ocurrió en 2006.
La justicia chilena mantiene abiertas 1.184 causas penales por crímenes contra los derechos humanos cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet, de acuerdo con un informe anual de la Universidad Diego Portales.
Las agrupaciones de víctimas afirman que solo un 5% de los casos ha logrado ser resuelto.
