Por Leonel Herrera*
El bukelismo realizó esta semana una reforma de pensiones que mantiene el negocio de las AFPs, su contenido contradice los supuestos beneficios que pregona la propaganda gubernamental y su aprobación constituye una “reprivatización” del sistema previsional. Teniendo la correlación suficiente para desprivatizar o renacionalizar las pensiones, Nayib Bukele y sus diputados optaron por perpetuar el llamado “robo del siglo” cometido en 1996 por el gobierno de ARENA presidido por Armando Calderón Sol, que también privatizó las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica y otros activos estatales.
Hace dos semanas el oficialismo también aprobó exoneración de impuestos para las empresas que construirán el “tren del pacífico” y el “nuevo aeropuerto”, las megaobras de infraestructura que el presidente Bukele ofreció durante la campaña electoral. Esta medida es una modalidad de elusión o “evasión legal” de impuestos a las grandes corporaciones y se suma a la veintena de leyes que establecen injustificados incentivos fiscales a las empresas avaladas durante los gobiernos de ARENA (leyes de Zonas Francas, de Inversiones, de Servicios Internacionales, de Turismo, etc.) y del FMLN (Ley de Asocios Público-Privados).
Ambas acciones (la “reprivatización” de pensiones y la mayor elusión fiscal de las grandes empresas) confirman el carácter neoliberal del gobierno de Bukele, cuya prioridad no son las demandas legítimas de la población, sino los intereses de grandes empresas, en este caso AFPs y megaconstructoras.
En relación a la reforma previsional vale señalar que -aunque la publicidad oficial hable de aumento de la pensión mínima, reducción de ganancia de las AFPs y no utilización gubernamental de los fondos de pensiones- lo aprobado por los diputados de Nuevas Ideas y compañía no amplía la cobertura previsional ni asegura su sostenibilidad del sistema, aumenta 1,000 dólares la pensión máxima, quita límite al uso estatal de los fondos de pensiones, impide el retiro anticipado del 25% del ahorro por los cotizantes y lo más grave: no elimina a las AFPs. Éste es el pecado capital, la mayor bofetada y la más grave afrenta a la población trabajadora, por parte de un gobierno y diputados que ofrecieron actuar en forma distinta y tienen toda la correlación política, social y parlamentaria para hacerlo.
Bukele y sus acólitos parlamentarios no tienen ninguna excusa para negarle al pueblo salvadoreño un sistema público de pensiones que asegure pensiones dignas para toda la gente trabajadora. Pero antes de responder a la demanda y al derecho de la población, el mandatario que niega ser igual a los “mismos de siempre” optó por mantener el negocio a las AFPs a cambio de que éstas le presten más dinero para paliar la creciente crisis de las finanzas estatales.
Y con respecto a la exención fiscal para las mega constructoras, es también reprobable que el bukelismo no solo se niega a aprobar medidas fiscales progresivas donde “paguen más quienes tienen más”, sino que prefiere aumentar la elusión tributaria heredada de gobiernos anteriores. En vez de avalar la “evasión legal” de estas compañías, el oficialismo debería aprovechar su súper mayoría parlamentaria para aprobar impuestos a la gran ganancia empresarial y grandes transferencias financieras, tributos directos al patrimonio de los más ricos y aumentar el IVA a bienes y servicios de lujo.
En lugar de eximir de impuestos a las corporaciones, Bukele y sus diputados también podrían quitarle el IVA a los alimentos básicos, medicinas, insumos agrícolas y productos de primera necesidad. Eso sería gobernar para la población, como insiste la propaganda oficial y la mayoría de personas se lo cree.
Ojalá esta confirmación del carácter neoliberal, corporativo y pro AFPs del bukelismo provocara una fuerte movilización social que demande un sistema de pensiones digno, justo y solidario que elimine el obsceno negocio de las AFP. Dios quiera también que la gente decente, honrada y trabajadora salga de la burbuja publicitaria gubernamental y exija una reforma fiscal progresiva que haga justicia tributaria y permita resolver el déficit de las finanzas públicas sin más préstamos internacionales y sin abusar de los fondos de pensiones.
Solo la concientización, organización, movilización y presión social puede hacer que el oficialismo utilice su poder absoluto para resolver los problemas estructurales del país relacionados con la escandalosa concentración de la riqueza, la vigencia del fracasado modelo neoliberal, la regresividad tributaria, el deterioro ambiental, etc. Si esto no sucede, Bukele y sus hermanos seguirán profundizando el autoritarismo, el neoliberalismo y las soluciones falsas presentadas como verdaderas por la omnipresente e incesante propaganda oficial.
La gente debe decidir: seguir aplaudiendo como borrego o asumir una postura ciudadana activa y crítica que exija a los gobernantes (presidente, ministros, diputados, magistrados, etc.) soluciones reales y sostenibles, respeto a la legalidad e institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas, cumplimiento de sus promesas y respeto a los derechos humanos.
*Periodista y activista social.