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En un momento dado, el gobernante cogió el arma de juguete de las manos del chiquito y posó. Después, el pequeño aún realizó flexiones en el escenario.
Para la comisión, prácticas como la de Bolsonaro deben ser prohibidas y penalizadas, y quienes involucran a los niños en las hostilidades deben ser investigados, perseguidos y penalizados.
La manifestación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU fue, de hecho, una respuesta escrita a una pregunta formulada por un periodista.
Se afirma en el texto que la participación de los infantes en las hostilidades está explícitamente prohibida por la Convención sobre los Derechos del Niño.
‘Esto incluye la utilización de niños en cualquier actividad relacionada con los conflictos y la producción y difusión de imágenes de niños participando en hostilidades reales o simuladas’, refiere el escrito.
Tal documento del comité no tiene ninguna implicación jurídica internacional, pero como Brasil forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, el contenido de este tratado pasa a formar parte del ordenamiento jurídico brasileño, explica Camila Asano, directora de programas de la organización no gubernamental Conectas.
Es decir, lo puntualizado en la convención se entiende como norma también en Brasil y el comité, que interpreta los textos, señaló que Bolsonaro violó los términos.
También el argumento es ‘un firme llamamiento a las autoridades brasileñas competentes para que exijan responsabilidades a quienes violan los derechos de los niños como fue el caso del presidente Bolsonaro’, indica.
Flexibilizar el uso y la compra de armas fue una de las principales promesas de campaña del presidente de tendencia ultraderechista en 2018 y una de las causas que defiende durante sus más de mil días de mandato.
En ese periodo, el exmilitar firmó más de 30 decretos y leyes para flexibilizar el acceso a las artilugios bélicos, varios de los cuales se vieron obstaculizados por el Congreso.
De acuerdo con datos del Instituto Igarapé, en Brasil hay 1,2 millones de armas en poder de los ciudadanos, un 65 por ciento más que a finales de 2018.
