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César Ramírez
@caralvasalvador
Nuestra Constitución, vigente desde el 20 de diciembre de 1983, nunca ha sufrido tanta degradación moral como el primer año de la Administración Bukele empeñado en crear una crisis institucional permanente entre los poderes del Estado: Asamblea, Corte Suprema y el poder Ejecutivo, en estos meses ha existido desacato a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, asalto a la Asamblea Legislativa (9F), insultos a diputados, negación en la transparencia de dineros del pueblo, improvisación en crisis sanitarias, confrontación innecesaria con gobiernos amigos, negación al Estado Laico, nepotismo, falsedades y llamados a violencia contra diputados, inseguridad económica que provoca baja calificación de riesgo de la deuda internacional, desprecio a instituciones científicas y opiniones del Colegio Médico, improvisación en el tratamiento de la pandemia, eliminación de cinco secretarías de la presidencia (Técnica, Inclusión Social, Transparencia y anticorrupción, Vulnerabilidad), disolución de ECOS (sistemas de atención primaria en salud), despidos injustificados por apellidos familiar, escarnio social con Twitter como instrumento de Gobierno, declaración de Estado de Sitio ilegal, etc.
En el programa (01/JUN/2020) televisivo República (C33), Rubén Zamora denunció los delitos cometidos por la Administración Bukele que establece el código penal: “privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación, coacción, allanamiento sin autorización legal, privación de libertad por funcionario, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que lo hagan cometen el delito, allanamiento al lugar de trabajo o establecimiento abierto al público, actos arbitrarios, desobediencia, apología del delito y los delitos constitucionales (desacato a las órdenes de la Sala Constitucional)”.
La República se enfrenta a la degradación moral, donde los adversarios son agredidos en redes sociales por troles, personajes anónimos o mercenarios que amenazan a diputados a llegar a sus oficinas, conminaciones a muerte contra abogados o abogadas por externar su opinión etc. sin que los organismos correspondientes como Fiscalía General de la República, Policía Nacional, investiguen a los autores… La disolución de los contrapesos del Estado: Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia solo provocará tragedia y dictadura.
No se debe permitir las ofensas contra la Asamblea Legislativa y que estas se conviertan en rutina, tampoco que los fallos de la Corte Suprema de Justicia se ignoren constantemente, el evento acontecido el 9 de febrero de 2020 permanece como el símbolo del autoritarismo en la memoria ciudadana, ahora reina la desconfianza política aún en plena tragedia sanitaria, la cual solo será superable con un pacto social.
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