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César Ramírez
@caralvasalvador
Nuestra democracia se encuentra a prueba el próximo 28 de febrero 2021, si el oficialismo y su comparsa logran la mayoría simple de 43 diputados, nos enfrentaremos a un panorama incierto, principalmente por la pérdida en la oposición constitucional y la iniciativa de resistencia moral ante el voluntarismo de una presidencia absoluta, una dictadura disfrazada de legalidad dispuesta a imponer la voluntad del “yo el Supremo” como anotó Augusto Roa Bastos.
La lectura de la pérdida de nuestros valores democráticos se inició en esta administración desde el 9F con el asalto a la Asamblea Legislativa, a partir de ahí el mensaje de odio es inocultable, su desprecio a la democracia es tildar al Acuerdo de Paz de una “farsa”, sus proyectos de reformas constitucionales son aberrantes y solo pretenden legalizar la dictadura y el continuismo de su familia y sus compadres; parece que regresamos al 21 de septiembre de 1821 con el juramento en San Salvador en el acta de independencia a condición de lealtad a la monarquía americana.
Hace muchos años las leyes ordenan no intervención en el proceso electoral por parte de los gobernantes, el TSE denunció según el art. 172 inciso 2 del Código los anuncios de la Administración Bukele por propaganda a favor de candidatos oficialistas 06FEB021 y el 04FEB021 el TSE ordenó suspender el mensaje de odio contra militantes del FMLN, estas situaciones se agravan con la inauguración del bypass hacia el Puerto de la Libertad 19/FEB/2021 y la entrega de computadoras 22/FEB/2021, además otras acciones de este tipo fueron manifiestas durante la pandemia como la entrega del bono $300, bolsas de alimentos, etc. ha sido una campaña electoral estatal permanente y ahora anuncia un fraude electoral a las autoridades sin pruebas.
Asistimos a una elección sin precedente, con una desigualdad en comunicaciones aberrantes, de cada cinco anuncios en medios de televisión cuatro son oficiales y uno de la oposición, para ello se usa todo el aparato de Estado, se incumple el artículo 218 Constitucional “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la Ley”. Además no cumple con la deuda política art. 210 ni el pago de FODES; cuando hablan de fraude, ya sabemos quién incumple.
Defender la República y nuestra constitución es el objetivo, no dictadura ni monarquía.
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