Gloria Silvia Orellana @DiarioCoLatino E l abogado Denis Stanley Muñoz Rosa, defensor particular de los detenidos en el caso ADES Santa Marta, departamento de Cabañas, señaló que el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República presenta contradicciones y se le saturan de puntos débiles. Ya sea por la falta de sustentación de los hechos como la falta de una investigación robusta y por atrasos en el término de inquirir de los requerimientos, suman las falencias en la acusación fiscal contra los miembros de ADES y de la Comunidad Santa Marta. El abogado considera que en un sistema judicial funcionando como manda la Constitución de la República, este caso no debería de pasar de la fase inicial, porque no existe la prueba científica y la investigación profunda, por tanto, debería ser desestimado este día. “El primer mensaje que quiero plantear es que el sistema de justicia salvadoreño en esta materia -me refiero- a casos aperturados del conflicto armado, se encuentra a prueba en mi opinión porque tiene que ver mucho con los derechos humanos que tuvo El Salvador en la historia”, manifestó. “Esto trae consecuencias y pondrá a prueba al sistema de como va a interpretar el tema. Si existe una prescripción penal, o la persecución por parte de Fiscalía en este caso en particular porque estamos en presencia de delitos que ya prescribieron o no”, argumentó Muñoz. Tras la derogación de la Ley de Amnistía (2016), por la Sala de lo Constitucional, que desarrolló en el contenido de su sentencia, establece que “abrir casos no significaba una carta abierta”, que lo hizo con intención de evitar la vulneración de un debido proceso a personas que fueran señaladas a posterior, como son sus defendidos. “Como defensa técnica consideró que no existen los elementos suficientes para arribar a una detención provisional en el caso particular, -lo digo- en el contexto que no se diera por válida la prescripción de la acción penal en contra de ellos”, afirmó. Igualmente, Muñoz, mencionó, que era “curioso” que la Fiscalía esté pidiendo un reconocimiento en una rueda de fotografías, que manifestó, este proceso solo se realiza cuando no hay “acceso a las personas detenidas” o estas se encuentran en situación de rebeldía (ausentes), pero en este caso no era así, porque sus representados si están presentes y privados de libertad. “El requerimiento fiscal muestra que ya se realizaron los reconocimientos administrativos en rueda de fotografías, entonces, al final este proceso sería nulo, porque hay una inducción por sugestión para los testigos que harían ese reconocimiento en rueda de fotografías y es obvio que nos opondremos a eso”, advirtió el abogado. Otro de los señalamientos jurídicos al requerimiento fiscal, de Muñoz, es que si bien existe la mención que indicaba un asesinato, no existía hasta el momento ninguna autopsia que se hubiera practicado a un cadáver para acreditar “jurídicamente hablando el tema de un asesinato”, y tampoco prueba periféricas que lo confirmaran o den por sentado el cometimiento del asesinato. “En las entrañas del mismo requerimiento se advierte que hay una -testiga- y me limitó a decir esto, que es probable que haya fallecido; entonces venir a acusar a alguien bajo el paraguas de una probabilidad es bastante precipitado -por no decir arbitrario- ¿Por qué este cuestionamiento?, porque la Fiscalía debería tener un caso sólido para privar de libertad a estas personas”, subrayó Muñoz. Estas observaciones serían abordadas en la audiencia preliminar de este día en el Centro Judicial “Dr. Isidro Menéndez” de San Salvador, luego que la Fiscalía General de la República, solicitara al Juzgado de Paz de Victoria, el cambio de sede por seguridad de las partes, alegó en su petición, y que fue aceptada por el juzgado. “Todas estas observaciones las vamos a ver este día en la audiencia en el contexto del proceso penal. Porque creemos como defensa que para poder detener a una persona se debe sustentarse la existencia y participación de las personas acusadas en el delito, así como la existencia del delito y la participación del mismo”, indicó. “A la fecha, en el requerimiento fiscal solo hay contradicciones, incluso, se incluye un informe que dice que no existían movimientos que pertenecieron a la guerrilla en Victoria, departamento de Cabañas (conflicto armado), es un informe de un alto funcionario del gobierno, pero otras personas afirman que sí, es una contradicción de una a otra y como defensa consideramos que existe una debilidad muy palpable querer sostener el delito como tal”, sentenció Muñoz. En cuanto a la participación de un “testigo en régimen de protección”, que ha incluido la Fiscalía, el abogado defensor opinó que la persona ha dado declaraciones que plantean la participación del hecho en cuestión, por lo que consideró que no debe ser “testigo de régimen de protección, sino un testigo criteriado”, y solo por esta imprecisión fiscal “su testimonio deber ser nulo”, alegó, al señalar el debilitamiento en el requerimiento fiscal. “Es interesante que el Código Penal que se aplicará es de 1973, y se aplicará el Código Procesal Penal, es el vigente de 2010, a esta causa ¿Qué es lo importante?, al final se aplicara el Código Procesal Penal de la época estaríamos en el caso de la prescripción de la acción penal, o sea, se extingue y desvanece o no procede la acción penal de estas personas al momento requeridas”, reiteró. Mientras, con el plazo para presentar a los acusados, posterior a las 72 horas del término de inquirir que da la ley en un caso ordinario, Muñoz, expresó que también la Fiscalía ha faltado al cumplimiento de los términos legales. “Esto es bien complicado porque queda a discreción, porque estas personas no están siendo sometidas a un Código Penal actual o ninguna ley de Crimen Organizado para que entre en el contexto del régimen de excepción, entonces queda un vacío o una situación oscura“, dijo. “Porque en el requerimiento de la parte acusadora dicen que -no tenían listo el requerimiento y nos tardamos dos días más, o sea, lo presentaron fuera del plazo, vencido el término de inquirir de más de 72 horas, este también es otro argumento de mérito inicial y será el primero que veamos en la audiencia”, reiteró Muñoz. Vidalina Morales, integrante de ADES Santa Marta, agradeció las muestras de solidaridad con sus compañeros y reprochó al gobierno que su comunidad durante más de 35 años de repoblada lo único que han hecho es exigir sus derechos y mantener una lucha de lo que consideran el “goce pleno de una vida con dignidad” y siendo una comunidad histórica no retrocederían en ningún aspecto de los proyectos sociales que impulsan. “Santa Marta es una de las pocas comunidades que, junto a su organización ADES, ha logrado grandes y significativos alcances como el goce pleno de derechos, y tenemos la mejor educación en nuestra comunidad con mucho recuerdo histórico porque hemos puesto atención a la memoria histórica y otros proyectos que hemos venido logrando”, agregó. “Ahora, se nos castiga con esta situación y nos tiene altamente preocupados porque es la comunidad Santa Marta, es la que ha exigido justicia para su población. Porque no creo que no haya ninguna persona de la comunidad que no haya sufrido la violencia cruda del conflicto armado en los años ochenta”, reseñó Morales. La activista ambiental se refirió también a que ADES, ha trascendido con la comunidad Santa Marta en ámbitos nacionales e internacionales apoyando “luchas sociales justas” que tuvieron metas exitosas como la realizada contra la minería metálica que trató de implementar la empresa canadiense Pacific Rim/Oceana Gold (2009) en el departamento de Cabañas. “Creemos que el trasfondo de estas capturas es por todas las luchas que hemos impulsado y nuestra integración en otros espacios como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, el Foro Nacional de la Salud (FNS) y en otros espacios en donde hemos exigido nuestros derechos en luchas nacionales”, indicó. “Sabemos que hay amenazas que desde el año pasado venimos denunciando y es que la minería va de nuevo al departamento e Cabañas y ADES, junto a otras comunidades que hicimos frente en el pasado a estas situaciones por la prohibición de la minería, volveremos a la lucha. Creemos que desde esos espacios comunitarios que invisibiliza el Estado mismo, porque no alcanzan a dar respuesta a las demandas de las comunidades nos castigan de esta forma y como decía Monseñor Romero, la justicia es como la serpiente que muerde al descalzo”, reflexionó.