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El Juzgado Quinto de Paz decretó reserva parcial del proceso judicial denominado “Saqueo Público”, por petición de la Fiscalía General de la República, supuestamente “para proteger datos”.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador instaló ayer la audiencia inicial en contra de los 31 imputados, exfuncionarios y familiares del expresidente Mauricio Funes, por los supuestos delitos de peculado y lavado de dinero y activos, en perjuicio de la administración pública.
Con seis imputados presentes, tres que guardan prisión en centros penales y la representación legal de 16 imputados más se instaló la audiencia inicial, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el caso ante el juzgador, para decidir si los imputados permanecen en prisión o son enviados a instrucción con medidas alternas a la detención.
Dicha audiencia se instaló a las 10:30 horas de la mañana del domingo (ayer), con una hora y media de retraso. En las primeras horas se abordaron las incidencias solicitadas por la defensa técnica de los imputados.
Entre estas se encuentra la incorporación de unas entrevistas realizadas a Francisco Rodríguez, exempleado de Casa Presidencial, ya que a juicio de sus abogados este fue entrevistado en dos ocasiones y no se incorporaron las declaraciones. “La Fiscalía usó esas entrevistas en su contra sin respetar el derecho a defensa”, sostuvo Cindy Rivera, una de sus abogados. En este caso, el juez advierte a la Fiscalía incorporar dichas entrevistas.
Asimismo, solicitaron la nulidad de todo el proceso de investigación, ya que los imputados Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera, fueron entrevistados en calidad de testigos, pero luego se les imputaron más delitos. En este caso el juez negó dicha solicitud.
Manuel Chacón, abogado defensor del empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, aseguró que la Fiscalía solicitó la reserva parcial del caso, presuntamente para proteger a los testigos criteriados, además, porque hay datos que no se pueden revelar.
En un primer momento, la Fiscalía solicitó 10 horas para presentar el caso bautizado por el ente fiscal como “Saqueo P彙lico”, sin embargo, el juez quinto de Paz les otorgó cuatro horas, que iniciaron desde las dos de la tarde y culminaron pasadas las siete de la noche.
Durante la presentación de la Fiscalía se argumentó que los gastos reservados por los que son cuestionados los 32 imputados ($351 millones) fueron usados para fines diferentes a lo previsto, por lo que podría cambiar de tipificación del delito de lavado de dinero a malversación de fondos.
“Ya encontré elementos que difieren mucho de la entrevista (declaraciones de la Fiscalía) que escuché en la televisión, y eso lo demostraré en el camino”, dijo Chacón, con respecto a los señalamientos de la Fiscalía.
Funes
Por otro lado, en la audiencia inicial no se presentaron abogados en representación del expresidente Mauricio Funes, su actual pareja Ada Michelle Guzmán, Ada Luz Guzmán, Juan Carlos Guzmán, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Sin embargo, el juez anunció que realizará otra audiencia especial para estos imputados.
El exmandatario criticó a la FGR, ya que casi todas las incriminaciones que hacen en su contra “tienen como único fundamento declaraciones de criteriados que son imputados en otros procesos judiciales, con los que no tengo nada que ver”, situación de la que recordó que “un criteriado dice cualquier cosa que le pida la FGR para obtener beneficios”.
Asimismo, Funes cuestionó a la Fiscalía por aseverar que todos los bienes adquiridos por Miguel Menéndez (Mecafé) son de su propiedad. Por lo que sostuvo “¿acaso no tiene capacidad económica para comprarlos con dinero propio? Yo no tengo por qué hacerme cargo de propiedades o inversiones realizadas por empresarios a los que conozco”.
Para Funes, la Fiscalía no tiene pruebas para sustentar el caso en su contra, ya que solo existen declaraciones de personas criteriadas.
El caso
Según el requerimiento de la Fiscalía, los imputados son acusados del desvio de fondos públicos, a través de una supuesta red que estaría liderada por el expresidente Mauricio Funes, compuesta por una parte de su gabinete, amigos y familiares.
Además, el ministerio público manifiesta que utilizó diferentes modalidades para ocultar el origen ilícito de los fondos, en su mayoría mediante la utilización de testaferros o prestanombres.
Al cierre de esta nota, los abogados de la defensa iniciaron con sus alegatos para demostrar los arraigos personales de los 26 imputados presentes, se espera que este lunes se conozca la resolución de esta etapa del proceso.
