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@BeatrizCoLatino
La reserva total decretada ayer por el juez Levis Itamir Orellana, check en el caso de corrupción del ex presidente Francisco Flores al desviar millonarios donativos de Taiwán, generic es “ilegal”, treat según la evaluación jurídica de las organizaciones sociales ISD, FESPAD, UNES, IMU.
De acuerdo a información judicial, el juez decidió, sin que ninguna de las partes se lo pidiera, decretar la reserva total, lo que impide que los medios de comunicación y la misma población puede conocer del desarrollo del proceso judicial.
Berta León, abogada de FESPAD, aseguró que de acuerdo a la ley en los procesos legales los medios pueden tener acceso a las audiencias y a los expedientes, como una medida de controlar y trasparentar el proceso, pero hay situaciones excepcionales en las que se puede decretar una reserva total o parcial, pero en el caso Flores no aplica tal situación.
En este caso en particular no se cumple con el requisito, ya que no es un caso que atente la seguridad nacional, que sean hechos tan fuertes que podrían herir susceptibilidades o cuando son casos de violaciones que se decreta reserva para proteger la identidad de las víctimas.
“En este caso son delitos oficiales, de interés público, no se cumple con los requisitos de la reserva y al decretarla el juez está incurriendo en una ilegalidad, en una arbitrariedad”, sostiene la abogado.
De acuerdo a la valoración de las organizaciones la decisión del juez podría ser un mecanismo de obstaculización para conocer de este caso y evitar que la iniciativa de presentarse como querellantes en el caso.
Las organizaciones afirman que de conformidad a la Constitución y el Código Procesal Penal, dos de los delitos que se le atribuyen al ex presidente, son delitos oficiales, por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público.
León señaló que ante esta decisión arbitraria las organizaciones pedirán que se levante la reserva al juez, y si este decide mantenerla, podrían presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por violaciones constitucionales, como conocer la verdad, acceso a la información y justicia.
Desde que inició el proceso de investigación penal en contra del ex presidente Flores, por el desvió de 10 millones de dólares donados por Taiwán las organizaciones denunciaron irregularidades en el proceso, ya que se confirmó de los nexos entre el fiscal general Luis Martínez y el ex mandatario.
Además, el fiscal dejó que trascurrieran varios meses para presentar la querella ante un tribunal.
Ramón Villalta, de ISD, recordó que en su momento también se pronunciaron al conocer que el caso Flores-Taiwán sería presentado ante el Tribunal Primero de Paz y posteriormente pasaría al Primero de Instrucción, a manos de uno de los jueces duramente cuestionados por sus fallos polémicos.
“Se tenía había previsto que esto podría ocurrir, y está ocurriendo, lo que indica entonces que el juez no está actuando de la manera transparente”, razonó Villalta.
El representante de la ISD recordó que el caso Flores-Taiwán es público y que no puede ser “tratado en la oscuridad”, que la población necesita conocer qué está pasando, que pasó con el dinero que se desvió y que estaba destinado para obras sociales.
Seguirán insistiendo como querellantes
Leonel Herrera, de ARPAS, aseguró que en este proceso seguirán insistiendo para que el caso Flores-Taiwán “se resuelva bien, que exista un precedente”, para que luego se pueda procesar a otros presidentes señalados por actos de corrupción.
“El temor de nosotros como organizaciones es que se puedan estar generando condiciones para que el caso quede impune y ese sería un precedente negativo para los que vienen después”, razonó Herrera. Herrera recordó que en este momento es necesario centrar los esfuerzos como organizaciones, como sociedad civil, como medios de comunicación para que el caso se resuelva y no quedé en la impunidad. Las organizaciones preparan documentos para presentarse ante el juez como querellantes del proceso.
Aunque prevén que pueden tener obstáculos, por las decisiones que toma el juez y que no podrán tener acceso al expediente original, lo que restringen bastante.
Flores fue acusado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Según el requerimiento el ex mandatario se enriqueció con más de quince millones de dólares.
Hasta hoy se presume que el ex mandatario estaría refugiado en Panamá y se está realizando el proceso para extraditarlo.
Se ha informado que el ex mandatario estaría esa nación bajo la protección de la ex presidenta de este país, Mirella Moscoso, y que podría solicitar asilo político.
