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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Con una legislación minera agujereada por limitantes y vacíos legales en el régimen de concesiones mineras en Honduras, Nicaragua y Guatemala, las voces de resistencia de los pueblos van en aumento en la región, exigiendo el respeto al orden jurídico nacional e internacional, a fin de librar sus territorios de proyectos extractivistas.
La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) en su tercer encuentro regional, que abordó la “Consulta Previa y Participación Ciudadana en Centroamérica”, concluyó que era un tema polémico y complejo, en la medida del irrespeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y garífunas, frente a la expansión de megaproyectos que no solo invaden sus territorios, sino también el despojo de su medioambiente y su cosmovisión.
Miriam Miranda, nacida en Santa Fe, es lidereza innegable de las comunidades garífunas en el litoral del Caribe, al Norte de Honduras. Con voz fuerte y decidida explicó que la jurisprudencia internacional que legitima los derechos de los pueblos indígenas, como el convenio 169, de la OIT. Que sin ser vinculante en la consulta previa o la participación ciudadana, se puede acudir a este marco legal, que salvaguarda sus derechos.
“En el caso nuestro (garífunas) la ley que están impulsando (el gobierno) ahora está muy clarísimo que lo que quieren es legitimar y legalizar a las empresas, para que tengan vía libre de llegar a las comunidades. Y los Estados en vez de apoyar a los pueblos indígenas, reconociéndonos nuestros derechos, inclusive en dicha ley hablan de crear un comisionado para la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) y que lo va a nombrar el presidente. ¿Cómo es posible que este comisionado esté bajo la tutela del presidente?, lo convoca y luego cambian las cosas. Ninguna ley de consulta debe partir del Estado, al contrario, son los pueblos los que construyen la ley para presentarla al Estado”, sugirió.
Yanira Cortez, salvadoreña, exprocuradora para la defensa de los derechos ambientales de la PDDH y ahora consultora, afirmó que los liderazgos y comunidades no deben enfilarse solamente en ciertos marcos legales, porque quedan limitadas las acciones que pueden devenir de los sistemas de jurisprudencia internacional e interamericana, que pueden aplicar en sus demandas.
“Creo que hace falta un análisis a profundidad del tema de la consulta previa y consentimiento libre e informado desde los instrumentos internacionales, y de procedimientos especiales que emite Naciones Unidas, y así, podemos construir un contenido más fuerte y es esto lo que no quieren los Estados, que se limitan a aplicar el convenio 169 (OIT), pero se olvidan de otros instrumentos y jurisprudencia internacional que ha sido clara y ha dicho que la consulta y el consentimiento son dos derechos, que uno sigue al otro y se materializa cuando escuchamos la voluntad de los pueblos”, señaló.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
Asimismo, reconoció que las constituciones de las repúblicas centroamericanas reconocen los derechos de sus pueblos pero muchos, aplicando leyes secundarias, les restan contenido y a veces en los reglamentos les anulan. De ahí la importancia que bienes naturales como el agua sean reconocidos como derecho humano, para blindarlos de reformas antojadizas o excluyentes.
Mientras, la abogada Dora Lucy Arias, quien habló sobre las experiencias de lucha y resistencia, autodeterminación e identidad de comunidades en Colombia, reiteró que estas poblaciones no solo han sido afectados en su medioambiente con megaproyectos en los territorios, sino también les han generado graves daños sociales y culturales.
“En el caso de la consulta previa las comunidades han impulsado sus procesos y han llevado casi una docena a luz pública y están pendientes de su realización, otros llevan 158 procesos, pero está pendiente aún la decisión judicial. Las comunidades conscientes de las disputas sobre sus territorios están organizándose para resistir y avanzar en la protección de sus derechos. En algunos casos ha funcionado y han parado proyectos temporalmente, porque los intereses se mantienen desde las empresas o gobierno, que tienen clara su intencionalidad de explotar esos recursos, y que los pueblos seguirán protegiendo porque significa su vida, su supervivencia y su cultura”, puntualizó.
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