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Yaneth Estrada
@caricheop
Ante el fallo del Tribunal Sexto de Sentencia, que obliga a la estudiante Carolina Zelaya a pagar multa de $2,027 por calumnia en contra el docente de la UES Ricardo Mendoza, acusado de acoso, la Resistencia Feminista (FNS, Las Mélidas, MSM, FUNDEMUSA y Vía
Campesina) se concentraron frente a Centro Judicial Isidro Meléndez para solidarizarse con la Colectiva Amorales.
Con la consigna de “Yo Sí les creo” y las coreografía de “El violador eres tu”, varias mujeres salvadoreñas exigieron al sistema de justicia, proteger a las víctimas de acoso sexual, implementar protocolos de atención y aplicar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV) aprobada en 2017.
“El Sistema Judicial condenó a una integrante de La Colectiva Amorales, por no tener un testigo extra de parte de las víctimas de agresiones sexuales del señor Ricardo Mendoza. Para la jueza no era importante y desacreditó todos los testimonios de las víctimas”, detalló Keila Cáceres, de La Colectiva Amorales.
Señaló que “es injusto que en este país, te digan que las mujeres deben denunciar, pero que el moviendo feminista tenga que generar las condiciones para que las denuncias puedan ser reales, y que la jueza diga que esas denuncias son falsas, y además nosotras Amorales hemos prefabricado los casos de violencia contra las mujeres”.
Estado patriarcal
El Salvador tiene una alerta mundial por el incremento de feminicidios -134 en 2019-, con registro de once violaciones por día en niñas y adolescentes, 19,000 casos de niñas embarazadas, 7,000 casos de violencia contra la mujer en la PGR, y una Ley Especial de Violencia contra la Mujer, entre otros.
Lorena Peña, exdiputada del FMLN comentó que esta es una actividad
organizada por varias organizaciones feministas, para solidarizarse con la Colectiva Amorales, y condenar el fallo del Tribunal de Sentencia en relación a este caso de acoso sexual en la Universidad de El Salvador (UES).
La abogada y defensora del caso, Bertha de León manifestó que en el proceso “hubo una desigualdad del tribunal en valorar los testimonios de las víctimas”, y adelantó que apelarán la resolución.
Según cifras de la FGR, en 2019 se registran más de 21,800 casos de violencia contra las mujeres, de estos solo 6,000 han sido judicializados, pero solo 1,000 tienen una sentencia, lo que deja en evidencia la falta de apoyo del Estado para impartir justicia, a esto se suma una reducción significativa al
presupuesto 2020 para atención y protección a víctimas de acoso y
abuso sexual.
