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Luis Armando González
Releyendo a Karl Popper caí en la cuenta de algo importante y aleccionador para la situación actual del país. En varias de sus reflexiones políticas y éticas (recogidas en Después de la sociedad abierta. México, order Paidós, viagra sale 2010), check Popper considera improcedente la pregunta por la naturaleza del Estado (qué es el Estado) o la pregunta por su origen. Dice que lo relevante es preguntarse más bien por lo que los ciudadanos exigen al Estado y, en consecuencia, por las responsabilidades de éste ante ellos, es decir, ante la sociedad.
“En lugar de preguntar –escribe—, ¿qué es el Estado?, ¿cuál es su verdadera naturaleza?, ¿cuál es su significado real?, o en lugar de preguntar ¿cómo se originó el Estado y cuál es su destino?, deberíamos, creo, preguntar: ¿por qué preferimos vivir en un Estado bien ordenado a vivir sin Estado, es decir, en un estado de anarquía? Este modo de plantear nuestra pregunta nos ayudará a descubrir no la verdadera naturaleza del Estado, sino nuestros deseos, nuestras exigencias morales acerca del Estado”1.
Y con contundencia señala más adelante:
“Si formulamos nuestra pregunta de esa manera, la respuesta del cristiano y también del humanitarista o del humanista será que aquello que exijo del Estado es protección, no sólo para mí, sino también para los demás.
Exijo protección para mi propia libertad y para la libertad de los demás. No quiero vivir a merced de alguien los puños más fuertes o las armas más poderosas. En otras palabras quiero vivir protegido de la agresión de otros hombres.
Quiero que se reconozca la diferencia entre agresión y defensa, y que la defensa se sustente en el poder organizado del Estado.
Por mi parte estoy perfectamente dispuesto a aceptar que el Estado recorte en algo mi libertad de acción si eso permite obtener a cambio protección para aquella parte de libertad que aún me resta… Pero exijo que no se pierda de vista el propósito fundamental del Estado, me refiero a la protección de esa libertad que no perjudica a los demás ciudadanos.
Por lo tanto exijo que el Estado limite la libertad de los ciudadanos de la forma más equitativa posible y no más allá de lo necesario”2.
Pareciera que son reflexiones escritas con dedicatoria para El Salvador.
No es así, obviamente. Lo que sucede es que no sólo hay problemas y desafíos sociales que son algo casi permanente en las sociedades modernas (pobreza, seguridad, educación, etc.), sino que las obligaciones del Estado ante esos problemas y desafíos son ineludibles.
Hay muchas cosas que rescatar de los dos textos citados, y cada cual deberá sacar sus propias conclusiones.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre las obligaciones del Estado, que obedecen –deberían obedecer— a las exigencias que los ciudadanos le plantean. En la visión de Popper, la principal obligación del Estado es proteger a los ciudadanos ante peligros, amenazas y riesgos a su libertad, dignidad y, en definitiva, a su vida: “cada generación de hombres, y por tanto también los seres vivos, tienen una exigencia; quizás no será tanto una exigencia de ser felices (…) sino una exigencia de que no lo hagan desgraciado ahí donde se pueda evitar.
Tienen derecho a que, si sufren, se les ofrezca toda la ayuda posible”3.
Esa es la obligación moral y política fundamental del Estado. Si esa obligación no se cumple el Estado ha fracasado no sólo políticamente, sino moralmente. Y Popper era consciente de la lógica republicana y la separación e independencia de los poderes estatales. Más aún, Popper fue sumamente crítico de las concepciones organicistas de la sociedad y el Estado.
Pero, sin conceder nada al organicismo, en la visión de Popper es el Estado como un todo el que tiene la obligación moral y política antes señalada. No se trata de una obligación exclusiva de una de sus instancias de poder (dígase el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial), sino de todas ellas, pues son las que concentran el poder del Estado y lo controlan.
¿Qué podemos decir de nuestro país?
Ante todo, que ante los graves problemas que tiene El Salvador en materia de seguridad pública, medio ambiente, deterioro de la convivencia, injusticias y exclusiones de los más débiles, es el Estado salvadoreño en su conjunto el que tiene la obligación de responder y atender esos problemas. Aunque no se esté de acuerdo con el organicismo jurídico y político en el que descansa doctrinariamente su organización, ese organicismo debería ser un aliciente para comprometerlo, como un todo, en ofrecer a los que sufren toda la ayuda posible.
Esa obligación moral y política podrá (y deberá) concretarse según la especificidad de cada Órgano de Estado, pero es compartida e ineludible. Si uno de ellos falla en su obligación particular no sólo es la sociedad la que saldrá perjudicada, sino que el Estado, como un todo, será un fracaso ante la sociedad.
El Estado en su conjunto, no el Ejecutivo, no la Asamblea Legislativa, no la Corte Suprema de Justicia por separado. El organicismo debería ser un recordatorio de esa pertenencia orgánica de cada instancia estatal a un todo mayor.
En este sentido, hay una fuerte de dosis de irresponsabilidad moral y política –en un sentido popperiano— cuando cualquier funcionario de alto nivel en uno de los tres Órganos del Estado salvadoreño dice: “nosotros hacemos lo que nos corresponde en las materias que nos ocupan, pero si la criminalidad no disminuye, eso es culpa de otros”.
O sea, nosotros a lo nuestro y los demás que vean como resuelven lo suyo… y si las cosas van mal para la sociedad mala suerte, pues nosotros tenemos la conciencia tranquila por haber hecho nuestro trabajo de manera impecable.
¿En realidad, se podrá tener la conciencia tranquila cuando las personas sufren violencia, abusos y exclusiones y el Estado no hace nada (o no hace lo suficiente) para aliviar ese sufrimiento y para protegerlas del abuso y la violencia?
Bien vistas las cosas, por razones morales y políticas todos los que ocupan un puesto en el Estado salvadoreño –sobre todo, quienes ocupan los puestos de mayor poder—deberían estar comprometidos con la tarea de proteger a los ciudadanos y aliviar el sufrimiento de los más débiles.
La pregunta que deben hacerse es si las decisiones que toman contribuyen o no a ese objetivo, y no si ellos u otros han cumplido ( o no) las reglas y los procedimientos en la toma de decisiones. Cualquiera puede alegar pureza en el cumplimiento de los procedimientos para de ese modo justificar sus decisiones, pero el asunto de fondo –moral y político— es si esas decisiones ponen al Estado en función de las personas y sus necesidades, o, por el contrario, a las personas y sus necesidades en función del Estado.
