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@arpassv
Ante las denuncias de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre abusos y arbitrariedades cometidas por policías y militares en el marco de la ofensiva gubernamental contra las pandillas criminales, medical el Ejecutivo creó ayer una comisión para vigilar el cumplimiento del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
El Procurador David Morales denunció casos de posibles ejecuciones extra judiciales de pandilleros y actuar de grupos de exterminio de delincuentes.
Las denuncias del Procurador fueron respaldadas por el Fiscal General. Douglas Meléndez se comprometió a investigar, llamó a las autoridades de Seguridad a respetar el debido proceso y la semana pasada advirtió sobre el peligro de que la institucionalidad del país se deteriore si no se actúa en el marco de la ley.
De hecho, el Fiscal Meléndez procesó recientemente a 22 personas acusadas de pertenecer a grupos de exterminio, entre éstas cinco agentes y un empleado administrativo de la Policía.
La comisión presentada ayer estará integrada por el comisionado presidencial para la seguridad Hato Hasbún, el canciller Hugo Martínez, el procurador David Morales y tres miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El representante permanente del PNUD, Christian Salazar, actuará como observador especial.
La comisión vigilará las actuaciones policiales y del Ejército en la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad pública orientadas a recuperar el control estatal de los territorios dominados por pandillas y a reducir la criminalidad de estos grupos delincuenciales.
Inicialmente las autoridades de Seguridad rechazaron las denuncias del Procurador, pero ahora el gobierno rectifica y responde adecuadamente creando la comisión. Enhorabuena, porque la acción estatal contra los grupos criminales debe ser contundente, pero siempre siguiendo el debido proceso y respetando los derechos humanos.
En este espacio editorial respaldamos plenamente la labor del Procurador David Morales y su equipo que han sido objeto de sucias campañas de desprestigio, calumnias y difamaciones que lo acusan de ser “defensor de delincuentes”.
Estas campañas, principalmente de redes sociales, deben alertar al país sobre el peligro de que la situación de violencia pandilleril y la ofensiva de represión estatal proyecten un imaginario social de intolerancia y de aval al exterminio. Elemento central del combate fuerte contra la violencia, debe ser también la promoción de la cultura de paz y la convivencia pacífica.
