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La apertura del aeropuerto Internacional “Monseñor Oscar Arnulfo y Galdámez”, el pasado sábado, trajo consigo nuevas restricciones de carácter sanitarias para los viajeros hacia El Salvador, tanto extranjeros como nacionales, que, en el caso de los connacionales, el Gobierno debió tomar algunas consideraciones. Y es que, a través de las líneas aéreas, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ordenó a los viajeros la prueba PCR negativa, para poder ingresar a El Salvador. Esta es la prueba para determinar si alguien tiene o no COVID-19.
A los únicos que no se les exige esta prueba, según un aviso oficial de la Dirección de Migración y Extranjería, es a los tripulantes, diplomáticos y a niños menores de dos años. En el documento de Migración, al que tuvo acceso este rotativo, se advierte: “Si las aerolíneas traen pasajeros sin prueba PCR negativa, que no estén en las excepciones arriba mencionadas, se procederá a multar a la aerolínea. Si esta situación se mantiene, las autoridades procederán con el cierre del aeropuerto, para preservar la salud y la vida de la población salvadoreña ante la pandemia del COVID-19”.
En principio, la población, a lo mejor, aceptará la medida, sobre todo para garantizar la salud de los y las salvadoreñas. Sin embargo, es una medida que se podría analizar a partir de dos situaciones, una jurídica y otra económica.
En la primera, queda claro que el Gobierno del presidente Bukele buscó una medida para salirle al paso a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Luego de que se anunciara que se iba solicitar la prueba de PCR negativa a los viajeros, emitida por el laboratorio en un máximo de 72 horas antes de abordar el vuelo, a partir del 19 de septiembre fue interpuesto un Recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional por una supuesta violación al artículo 5 de la Constitución.
El Art. 5 de la Constitución señala que: “Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca”. En atención a ese artículo, la Sala de lo Constitucional ordenó al Gobierno en general y a la Dirección General de Migración en particular, abstenerse de impedir el ingreso de salvadoreños y extranjeros a El Salvador, por no contar con la certificación del PCR.
Ante esa prohibición de la Sala, el Gobierno anunció que la prueba PCR no la iban a exigir las autoridades de migración en El Salvador, pero sí las aerolíneas al momento del abordaje, y con posibilidades de sancionarlas si algún viajero llegaba al aeropuerto Monseñor Romero sin ese documento. Lo que los abogados deben analizar es si la salida que el Gobierno buscó, para evadir la resolución de la Sala, no habrá cometido un “fraude de ley”, o si puede haber un proceso jurídico en contra de las aerolíneas que exijan este requisito a los salvadoreños amparados en una resolución de la Suprema Corte.
El otro análisis, creemos, debe hacerse por la vía económica. Aquí vale plantearse es si es justo que, a nuestros connacionales, sobre todos los residentes en los Estados Unidos, deban ponerles restricciones para entrar al país, cuando a pesar de la pandemia enviaron a El Salvador más de US$2,015.1 millones de enero a mayo del presente año, según el Banco Central de Reserva. Este monto, por cierto, refleja una contracción de US$264.5 millones menos, equivalentes a -11.6 % comparado con el mismo período de 2019, según las mismas autoridades.
El Gobierno y todos deberían analizar el impacto que ha generado en la economía salvadoreña y, sobre todo, en la economía familiar esos dos mil millones de dólares que la diáspora envió a El Salvador, incluso en los meses más difíciles por la pandemia (marzo, abril y mayo), a pesar de que en Estados Unidos también hubo restricciones laborales.
La diáspora envía a El Salvador, anualmente, en concepto de remesas un aproximado de cinco mil millones de dólares, equivalente a un 83.3 % del presupuesto general de la nación. Por este aporte, el Gobierno debió tratar de mejor forma a sus conciudadanos en el extranjero.
Una forma es que en el aeropuerto les hicieran una prueba rápida, seguramente la OMS y los países amigos hubieran contribuido a obtener esas pruebas.
En todo caso, la disposición existe y los deseos de la reunión familiar también, por lo que la prueba PCR no será para la diáspora un impedimento para la reunificación familiar en la pandemia o en la post pandemia.
