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@arpassv
Los medios de comunicación destacaron ayer la noticia de que la Fiscalía General de la República ya presentó un requerimiento por fraude electoral contra Víctor Hugo Rodríguez Orellana, find el elector que decidió comerse la papeleta de votación el pasado 9 de marzo. Este extraño ciudadano podría recibir una condena de 4 a 6 años de prisión.
La presentación de la querella contra Rodríguez Orellana contrasta con la negligencia fiscal en casos más graves y urgentes como el del ex presidente Francisco Flores. A pesar de la evidencia y de la propia declaración extra judicial del ex gobernante arenero, la Fiscalía se niega a llevar el caso a los tribunales de justicia.
El Fiscal General, Luis Martínez, dijo que no judicializaba el “caso Flores” antes de las elecciones para no contaminarlo con los intereses políticos en contienda; sin embargo, más de una semana después de realizados los comicios, Martínez aún no procede contra el ex presidente acusado de robar o malversar varios millones de dólares donados por países extranjeros.
Flores admitió ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que recibió 10, 15 ó 20 millones de dólares del gobierno de Taiwán y que los administró al margen de los mecanismos legales correspondientes. Dicha comisión pidió procesar al ex gobernante por peculado, lavado de dinero y otros delitos; pero el Fiscal no acató dicho dictamen legislativo.
Por eso las organizaciones sociales retomarán en los próximos días la agenda anti corrupción para presionar el Fiscal General a que cumpla con su función constitucional y combata la corrupción, sobre todo que judicialice el “caso Flores” porque algunos de los delitos que se le achacan prescriben el 31 de mayo de este año. Esto significa que Martínez sólo tiene un par de meses para enjuiciar al ex presidente arenero.
Al caso de Flores deben sumarse los demás actos de corrupción, entre éstos los de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Esta ex funcionaria arenera está señalada de administrar fraudulentamente un fideicomiso de 35 millones de dólares para promover la inversión privada.
Así que, finalizado el proceso electoral, las organizaciones anticorrupción volverán a la carga, demandando al Fiscal General proceder contra el ex presidente Flores y demás ex funcionarios corruptos que se robaron o malversaron millones de dólares del presupuesto nacional o donaciones de otros países que debieron invertirse en la atención de necesidades de la población.
