Por David Alfaro
06/02/2025
El Salvador está al borde de un nuevo retroceso histórico. La Asamblea Legislativa, obedeciendo órdenes de Casa Presidencial, estudia una reforma que equipararía a los militares con los policías en materia de seguridad pública. Esta iniciativa no solo es abiertamente inconstitucional, sino que también traiciona los Acuerdos de Paz de 1992, violenta la historia y allana el camino para una nueva era de represión y abusos de poder.
🔸1. Una violación flagrante a la Constitución.
El artículo 159 de la Constitución es claro: la seguridad pública es responsabilidad de la Policía Nacional Civil (PNC), no de la Fuerza Armada. Esta separación no es un capricho, sino una salvaguarda democrática establecida tras décadas de represión militar. Permitir que los soldados ejerzan funciones de policía rompe con este principio fundamental y coloca a la nación en un terreno peligroso.
Bukele ha demostrado en reiteradas ocasiones su desprecio por la legalidad. Desde la militarización de la Asamblea Legislativa en 2020 hasta la imposición del régimen de excepción, ha utilizado la Fuerza Armada como un brazo político para imponer su voluntad. Ahora busca legitimar lo que ya ha estado haciendo: utilizar a los militares como un aparato de control interno, al margen de la Constitución.
🔸2. Un golpe mortal a los Acuerdos de Paz.
Los Acuerdos de Paz pusieron fin a la guerra civil que dejó más de 75,000 muertos y establecieron las bases para un sistema democrático en el que la seguridad pública estaría en manos de un cuerpo civil. La propuesta de Bukele es un retroceso a la época en la que los militares patrullaban las calles y decidían quién vivía y quién moría.
Bajo el pretexto de la «guerra contra las pandillas», su gobierno ha desmontado los principios de los Acuerdos de Paz. La concentración de poder, la eliminación de contrapesos y la militarización de la seguridad son síntomas de un régimen que desprecia la memoria histórica y la institucionalidad democrática.
🔸3. El regreso a los años oscuros.
Durante los años 70 y 80, la militarización del país condujo a un periodo de terror: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución de opositores. Quienes vivieron esa época saben lo que significa darle poder absoluto a los militares.
Hoy, Bukele nos quiere hacer creer que las Fuerzas Armadas son diferentes. Que los soldados de ahora no cometerán los crímenes de sus predecesores. Pero los abusos durante el régimen de excepción —detenciones arbitrarias, torturas en las cárceles y asesinatos bajo custodia del Estado— demuestran lo contrario. Darles a los militares las mismas atribuciones que a la policía no solo abrirá la puerta a más violaciones a los derechos humanos, sino que institucionalizará la represión.
🔸4. Un país gobernado por la bota militar.
El Salvador ya es un país donde el miedo y la represión son herramientas de gobierno. Con esta reforma, Bukele consolida su modelo autoritario, basado en la militarización de la sociedad.
El problema es que los militares no entienden de democracia, ni de derechos humanos, ni de justicia. Su entrenamiento es para la guerra, no para la seguridad ciudadana. Y cuando un gobierno les da poder sobre la población civil, el resultado es siempre el mismo: más violencia, más represión y menos libertad.
🔸Conclusión: el pueblo que olvida, repite su tragedia.
Los salvadoreños han olvidado demasiado rápido lo que significa vivir bajo un régimen militar. Creen que los abusos de hoy no les afectarán mañana. Pero la historia es implacable con los pueblos que no aprenden sus lecciones.
Bukele nos lleva de vuelta a los años de la dictadura militar, pero con una diferencia: esta vez, muchos lo aplauden. No ven que lo que hoy se aplica contra otros, mañana se usará contra ellos. Cuando ya no haya más enemigos visibles, el gobierno necesitará nuevos pretextos para justificar su poder, y cualquiera podrá convertirse en su próximo objetivo.
El Salvador está al borde de un abismo. Y una vez que caiga, volver a levantarse costará décadas de dolor y lucha.