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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Es una diligencia de anticipo de prueba, en donde un testigo identificado como -Soriano- ha declarado. Eso es todo, y luego del receso que se ha dado (la jueza), se realizará la audiencia inicial”, explicó Denis Muñoz, defensor particular de los pobladores de la comunidad Santa Marta y de los representantes de ADES.
“No han decretado la reserva aún, pero cuando llegué me dijeron que los familiares no podían entrar porque tenía reserva el caso. Y yo intente pero me dijeron que no, esa es la venta que han hecho del caso”, acotó Muñoz.
A esta situación se podía alargar la audiencia inicial de los líderes y defensores de derechos humanos de Santa Marta. “La Fiscalía ha pedido la reserva del caso y estamos convocados a la 1:30 p.m (del jueves), no sabemos si termina hoy o el día de mañana, según lo que diga la honorable juez que está presidiendo. Estamos en una diligencia previa”, manfiestó.
Coreando consignas: “Compañeros, aquí estamos, sin ustedes no nos vamos” y “Sí, a la vida, no a la Minería”, pobladores de la Comunidad Santa Marta, integrantes de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), junto al apoyo y acompañamiento de diversas organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, mujeres feministas y juventudes, expresaron su apoyo a los líderes capturados el pasado 11 de enero en horas de la madrugada.
El Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de San Salvador se vio rodeado por una concentración de pobladores de la comunidad Santa Marta y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, para denunciar la “persecución política” contra personas defensoras de los derechos humanos.
Amalia López, lideresa y activista ambiental, afirmó que el movimiento social salvadoreño, exigía a la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial, “la liberación inmediata de los miembros de la comunidad Santa Marta y representantes de ADES”, a los que acusan del asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido el 22 de agosto de 1989, donde supuestamente irrumpieron en su casa, la privaron de libertad y posteriormente le dieron muerte.
La lideresa López reiteró que “no existen evidencias del cometimiento de los delitos imputados ni pruebas de la participación de los detenidos”, y que la Fiscalía, solo cuenta con el testimonio de un “testigo criteriado” y una partida de defunción.
“El procedimiento adolece de serias inconsistencias y arbitrariedades, entre éstas: la realización extemporánea de la audiencia, que debió hacerse en el plazo ordinario de 72 horas, dado que el caso no está bajo el régimen de excepción, y la injustificada petición de anticipo de prueba que ha planteado la Fiscalía”, explicó.
“Todo esto apunta a que las detenciones tienen el objetivo político de debilitar a la comunidad Santa Marta y la Asociación ADES , para desarticular la resistencia contra la minería en el departamento de Cabañas, ante una eventual reapertura de los proyectos mineros”, agregó López.
Las reiteradas críticas contra el requerimiento fiscal por evidentes inconsistencias en su contenido solo demostraba la “gran ambición que existe todavía en las élites de este país, para seguir explotando los bienes que aún nos quedan”, expresó Rodolfo Calles, ambientalista, quien agregó que esto es lo que ocurre con Santa Marta y ADES, por su vinculación con la “lucha social” de los bienes naturales.
“Estamos hablando de minería metálica. Este caso es una artimaña del sistema para descabezar este movimiento social ambiental, que ha venido defendiendo estos bienes por años. Y no es desconocido que ADES y Santa Marta, han liderado esta lucha por casi 12 años”, sostuvo.
“Se logró una Ley de Prohibición de Minería Metálica, que ha detenido el esfuerzo de las empresas mineras de explotar estos recursos, pero Antonio Pacheco, ADES y Santa Marta, han encabezado esta lucha, por eso el interés del sistema de revertir la prohibición de la minería metálica y poder extraer así los bienes del subsuelo”, acotó Calles.
La resistencia contra la explotación minera en el departamento de Cabañas dejó una marca tras el luto y represión contra la población de San Isidro y Victoria, que cegó la vida de cinco ambientalistas entre los años 2008 a 2011, quienes lucharon por una década contra la incursión de la minera canadiense, Pacific Rim/Oceana Gold, que culminó con su retiró del territorio y una legislación que prohíbe la minería metálica en El Salvador.
“Nosotros pensamos que ellos creen que descabezando a Santa Marta y ADES es más fácil entrar a Cabañas con la minería, pero eso no es cierto, estamos todos en este esfuerzo y Santa Marta no está sola, estamos todas las organizaciones , comunidades y nuestros pares internacionales”, dijo.
“Solo queremos su libertad, porque no hay suficientes elementos de prueba para decretar prisión provisional. La Fiscalía, creemos, solo busca pretextos para detener a nuestros compañeros”, subrayó Calles.
El departamento de Cabaña está ubicado a 98 kilómetros de San Salvador, en la zona centro norte del país. Y la comunidad del cantón Santa Marta, en el municipio de Victoria, es un asentamiento histórico de repobladores que decidieron retornar de Mesa Grande, Honduras, en octubre de 1987.
Los habitantes de Santa Marta, luego de huir de un operativo militar denominado la “Guinda del 18 Marzo” (1981) hacia Hondoruas (Mesa Grande), retornaro al país en el 87 con el acompañamiento del a El Salvador del Sistema de Naciones Unidas. Desde entonces, esta comunidad ha destacado por su organización y su agenda de lucha social.
“Es un día histórico para nosotros como comunidad Santa Marta, y nuestra organización ADES, que nos ha hecho vivir de nuevo esos momentos difíciles de la historia de la comunidad y pueblo salvadoreño. Pero, recordemos Santa Marta es lucha, es historia, es rebeldía y es comunicación, por esto hacemos frente a esta problemática que hoy enfrentamos”, arengó Vidalina Morales, presidenta de ADES.
“No nos asustan. Creemos que nos tienen miedo porque no nos asustan. Santa Marta no tiene miedo a lo que pueda suceder porque somos una comunidad y una organización que le hemos dado una contribución a la historia de este país y es por esto que estamos con la frente en alto”, reiteró Morales.
Luis González, de la UNES, advirtió que las detenciones de los líderes no se han dado en un contexto de querer aplicar justicia a un crimen que ocurrió durante la guerra, si no la intención de criminalizar el trabajo de líderes y lideresas como las comunidades que están en contra de la minería metálica en El Salvador.
El actual gobierno ha creado una nueva Dirección de Minas e Hidrocarburos, se encuentra discutiendo un Tratado Comercial con China, que incluye el tema de minería metálica y participa en un Foro Intergubernamental de Minería y Metales, todo esto es un retroceso en materia ambiental, sobre todo a la prohibición de la explotación minera.
“A pesar de que la minería fue prohibida hace 6 años, hay un interés gubernamental de activar la minería en El Salvador, una lógica extractivista en el gobierno y debemos decirlo no ha impulsado la aplicación adecuada de la Ley de Prohibición de la Minería; no le ha interesado la minería transfronteriza pese a todos los impactos que esto implicaría y lo que puede provocar en nuestra agua y salud de la población”, argumentó.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele “Impulsa, a través del Ministerio de Economía, una consultoría para verificar el potencial minero de El Salvador, entonces, hay un retroceso en cuanto a las políticas públicas frente al extractivismo. Entonces, la captura de los compañeros no son fuera de lugar, van en un lógica perversa de criminalizar la oposición en contra de la minería”, puntualizó.
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