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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Gonzalo Montano, integrante de AMATE El Salvador, enumeró una serie de retrocesos en materia de derechos humanos de la población LGBTIQ+, en El Salvador, por lo que hicieron un llamado a la sociedad en general a sumarse a las reivindicaciones de los derechos de toda la población por una sociedad más justa y sin discriminación.
“Desde el inicio este gobierno realizó acciones como cerrar la Secretaría de Inclusión Social, en donde se encontraba la Dirección de Diversidad Sexual, dijeron que lo pasarían al Ministerio de Cultura y hasta el momento solo sabemos de una Unidad que se llama degénero y diversidad, creo, pero los recursos asignados son pocos y su trabajo institucional se conoce muy poco”, señaló, Montano.
El Bloque de la Disidencia Sexual Antifacista, integradas por: AMATE, FESNO, Juventudes Antifacistas, UNIDES, FNS, Creciendo Juntas, LIBRES En CRISTO, La Casa Rosada, BPJ y Los Siempre Sospechosos de Todo, se pronunciaron en el marco de la conmemoración del “Orgullo Gay” , el que celebrarán el próximo sábado 25 de junio, con la “Marcha del Orgullo Gay”, que se realizará entre la Universidad de El Salvador y la Plaza Salvador del Mundo.
A la marcha del “Orgullo Gay” le antecede toda una lucha social en defensa y visibilización de los derechos de la población LGBTI, iniciando en 1969, en la ciudad de Nueva York, EEUU, luego de un disturbio de “Stonewall”. Esta pelea por estos espacios avanzó alrededor del mundo, donde siempre enfrentan la discriminación y violencia.
Del movimiento por los derechos de la población LGBTIQ, se conoce antecedentes desde finales del Siglo XIX, un largo camino que fue retomado por organismos internacionales como la ONU, que han reconocido en varias resoluciones los derechos de este segmento poblacional a la autodeterminación, autonomía e integridad física y mental. Y que los Estados, como tal, deben defender y reconocer legalmente su identidad de género.
En El Salvador, Montano señaló que en materia de derechos de igualdad y no discriminación la brecha se ha ampliado gravemente, al comentar que durante la pandemia (COVID-19) se reportaron abusos a la personas LGBTIQ, en la disposición de entrega de los paquetes de alimentos que entregó el gobierno.
“Esos paquetes alimenticios eran entregados por elementos de la Fuerza Armada (FAES) y agentes de la Policía Nacional Civil, entre otras instituciones, y se sufría discriminación, específicamente por orientación sexual e identidad, y expresión de género. Y claro, el discurso de odio”, afirmó.
“El presidente Nayib Bukele públicamente ha dicho estar en contra del reconocimiento de las familias diversas o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este discurso de odio que manejan también otras instituciones de gobierno, avalado, claro, por la presidencia, pues tiene grandes repercusiones en la población LGBTI”, afirmó Montano.
En cuanto al Régimen de Excepción, que entró en vigencia el 31 de marzo pasado, Montano, agregó que han registrado como organizaciones LGBTI+, detenciones arbitrarias y casos en los que se ejerció violencia física y psicológica sobre esta población, claramente su orientación sexual, identidad y expresión de género.
“Esos podrían ser parte de los retrocesos que reconocemos en materia de derechos humanos contra personas LGBTI+, sumados a la militarización que eso afecta de manera directa a nuestra población -que por sí- la sociedad salvadoreña les genera un estigma y una discriminación”, sostuvo.
“En el caso de mi organización, AMATE, hemos registrado cinco casos de detenciones, pero queremos aclarar que hay un subregistro, porque con las personas LGBTI+ -ya saben- por su orientación sexual, identidad y expresión de género, muchos pierden el apoyo de su red familiar, entonces, no hay nadie que pueda hacerse cargo del proceso de denuncia en las instituciones”, añadió.
Otras preocupaciones de la población LGBTI+ se relacionan con las cifras oficiales de la Fiscalía General de la República, que reportó en los primero 6 meses del año 2021 que se recibieron 132 denuncias de hechos de violencia contra personas LGBTI+ , siendo los últimos datos disponibles de información pública, en donde se reportan cinco asesinatos, que se suman a los 89 anteriores, registrados por la institución.
“Estas alarmantes cifras van de la mano con altos niveles de impunidad, ya que la mayoría de las denuncias quedan archivadas y sin ver la justicia. Es necesario destacar que, en los últimos 3 años, tanto el Gobierno central como la Asamblea Legislativa han emprendido retrocesos en materia de inclusión LGBTI+”, recalcó Grace Jiménez, de la Casa Rosada.
Elizabeth Sicilia, de la Colectiva Creciendo Juntas y Autónomas calificó de “tibias” las actuaciones de instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), que parecen “subordinadas” al gobierno.
“El procurador de la PGR dijo que no tenía registro de casos de capturas arbitrarias, cuando hay documentación que se han llevado, y la PDDH su papel no ha sido protagónico en defensa de derechos de las personas en general y de la personas LGBTI+. Hay un silencio y es preocupante en cuanto a las instancias que defienden derechos humanos”, manifestó Sicilia.
Por lo anterior exigieron como colectivos de personas LGBTI+ , que la Asamblea Legislativa saque del archivo el proyecto de Ley de Identidad de Género, y que reconozca los derechos de esta población y dignifiquen sus vidas.
“Que haya un verdadero combate a los crímenes de odio contra la diversidad sexual, y que se impulsen programas de desarrollo y políticas públicas que sean inclusivas con la población LGBTI+, específicamente aquellos grupos más invisibilizados como las mujeres lesbianas, bisexuales, hombres trans y personas no binarias”, argumentó, José Hernández, del Foro Nacional de Salud (FNS).
“Pedimos frentar la centralización del poder y los abusos de autoridad desde el gobierno, incluido el régimen de excepción, las políticas de militarización y el acoso a las organizaciones de derechos humanos. Se debe perseguir también los casos de corrupción denunciados y administrar los recursos públicos priorizando los derechos humanos”, agregó Hernández.
