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Gloria Silvia Orellana
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“La prinicipal evidencia del retroceso es que empezamos con una esperanza a partir de nuevas leyes, pero al cierre de esta década nos dice, que se ha expulsado de la Agenda Pública el interés del Estado en el problema de la violencia contra las mujeres”, denunció Silvia Juárez, abogada de ORMUSA, que integra la RED FEM.
La colectiva de organizaciones, integradas por la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), Las Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, presentó el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de las Mujeres en El Salvador (2012-2022).
El estudio se enmarca en un registro de una década sobre sobre la situación de las mujeres salvadoreñas frente a actos de violencia de género y discriminación. También incluye un análisis sobre la aplicación de leyes nacionales y Tratados Internacionales de protección, y el rol de la institucionalidad del Estado, y el sistema de justicia en garantizar su potestad de una vida libre de violencia.
Sobre los principales hallazgos, agregó Juárez, se evidencia que la violencia continúa siendo el “principal mecanismo” que impide a las mujeres alcanzar plenamente sus derechos humanos en el país.
“Otro hallazgo es que las mujeres han experimentado la violencia, como algo inalterado en sus vidas. Y que en un poco más de una década esto se advierte como una situación estructural”, dijo.
“Y en tercer lugar, existe una situación en donde las mujeres que dieron una esperanza en el desarrollo de políticas públicas -aclaro- es una lucha de más de 40 ó 60 años en El Salvador de mujeres que hicieron incidencia, especialmente las feministas tras los Tratados de la CEDAW y Belém do Pará, en donde erradicar la violencia fuera parte de los deberes de los Estados”, reseñó Juárez.
Distanciamiento entre el sistema de justicia y derechos de las mujeres
Hazel Bolaños, responsable del estudio sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador, explicó que se realizaron grupos focales con defensoras comunitarias de derechos humanos de las mujeres y analizaron estadísticas oficiales, las producidas por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Y que los indicadores utilizados fueron diversos tipos de violencia: feminicida, sexual, física, patrimonial, económica y psicológica.
“La evolución de la estructura social específica para las mujeres en El Salvador ha estado por una persistente desigualdad de género, tanto en el ámbito privado como público. Y que históricamente la sociedad salvadoreña ha organizado la distribución del trabajo entre hombres y mujeres, según roles de género establecido, dejando el espacio público a los hombres y el privado a las mujeres”, señaló.
Sobre los hechos de violencia contra las mujeres (2012-2022), Bolaños, señaló, que la violencia feminicida sumó 4,818 casos; la violencia sexual 78, 775 casos, violencia física 86, 300 hechos; 13, 985 hechos de violencia patrimonial; en violencia económica 17, 155; junto a los 85, 382 casos de violencia psicológica”.
En contraste, según los registros del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en 2015, sólo 8,891 imputados fueron condenados, y en específico por violencia sexual (68%), y el que obtuvo menos condenas fue la violencia física (7%). Según el análisis realizado, el bajo porcentaje de condenas por violencia física se debió a que un 55.3% de esos imputados recibió “salidas alternativas”, mientras el 40.4 % fueron sobreseídos.
“Los datos muestran que la mayoría de las víctimas de violencia sexual fueron agredidas en domicilios particulares, es decir, los hogares que representan el escenario de mayor riesgo. De igual forma se identifica una normalización de la violencia psicológica, patrimonial y económica en la sociedad salvadoreña”, dijo.
“Se identificó también una clara vulnerabilidad, con especial enfásis en mujeres adultas mayores debido a la discriminación basada en el edadismo; además de la carga impuesta a las mujeres en los cuidaddos del hogra, limitando su autonomía económica”, señaló Bolaños.
Pandemia COVID 19 eleva vulneración de mujeres
Sobre este período de cuarentena obligatoria, manifestó Bolaños: “exacerbó las dificultades existenten en el acceso a seguridad y justicia de las mujeres”, dado que, al priorizar la pandemia obviaron la violencia contra las mujeres, que consideró 2 años críticos que generó un retroceso en el empoderamiento de las mujeres y sus derechos.
“Muchas de las mujeres se encontraron encerradas con sus agresores, lo que intensificó las situaciones de violencia intrafamiliar. Estos datos solo reflejan la magnitud y el carácter estructural del problema y la necesidad de acciones que atiendan las causas y no sólo sus consecuencias, para su prevención y atención, porque las mujeres enfrentan la expulsión de la igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres”, alegó.
El Estado de Excepción y las mujeres de las comunidades
“Hubo mujeres que pidieron que no grabaran su opinión, y esto sólo demuestra el miedo a la violencia de los derechos humanos de las mujeres”, señaló la investigadora Hazel Bolaños, al abordar el tema del Estado de Excepción que lleva dos años en vigencia en el país.
“Lamentablemente, esta es una variable que emergió cuando realizamos grupos focales, puedo decir por primera vez, en mi experiencia como investigadora he presenciado esta reacción. Esto refleja el temor general de expresar opiniones o denuncias de violencia a sus derechos”, indicó.
“Uno de los testimonios que logramos obtener fue: hoy que estamos con el estado de excepción, estamos apoyando a los niños y niñas que han quedado solos por la situación que se han llevado a sus padres, los niños en la calle solos y vulnerados en sus derechos a expensas de los vecinos, ¿Qué puede pasar allí?”, comentó Bolaños.
Demandas al Estado salvadoreño
Para María Teresa Trejo, de las Las Dignas, que integra la REDFEM, lo fundamental es que el Estado salvadoreño retome en la “Agenda Pública” y desde la institucionalidad garantizar la protección de las mujeres “como algo serio y como prioridad” para dignificar a este grupo poblacional.
“Evidentemente, hay retrocesos -no lo decimos nosotras-, lo dicen las mujeres entrevistadas, esas mujeres de a pie que a diario enfrentan la violencia”, indicó.
“Y hay algo fundamental que decir, es que si no se aborda de forma seria y formal desde el Estado la problemática de la violencia contra las mujeres no se podrá parar. No podemos hablar de un mínimo avance en materia de derechos humanos para las mujeres sin que se cumpla esto que es básico”, manifestó.
En cuanto al tema de la prevención de la violencia contra las mujeres en la Agenda Pública, Trejo manifestó que la responsabilidad del Estado, debe enmarcarese en dar cumplimiento a la normativa ya existente y los tratados internacionales.
“Consideramos importante fortalecer o parar el desmantelamiento de la estructura institucional responsable de garantizar los derechos humanos de las mujeres, esto es fundamental, y aquí hablamos del ISDEMU, como institución rectora en el cumplimiento de la normativa de género e igualdad y permita que se vea realmente la intención que el Estado tiene para abordar esta problemática”, puntualizó Trejo.
