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Luis Arnoldo Colato Hernández
Los crudos efectos que de la crisis sanitaria derivan, van mucho más allá de la dolorosa pérdida de vidas, el sufrimiento de los infectados, las secuelas de la misma en las familias y la sociedad en general (250,000 fallecidos y 3,555,000 infectados por el COVID-19 desde su aparición en Asia a la fecha, OMS/DW), porque esta se ceba, además por doble partida con las finanzas de las naciones afectadas y que en nuestra región se trata de una contracción, de acuerdo a la CEPAL, de hasta un -5.3 % en el PIB, reflejado ello en hasta 500,000 puestos formales perdidos, de acuerdo al Ejecutivo mexicano, y hasta 110,000 de acuerdo al MINEC en El Salvador, para citar solamente dos casos regionales, en el primer semestre del presente año.
Para la mayoría, ello es consecuencia de las medidas de contención lo que, sin embargo, no es así.
En Europa, los estados miembros se tomaron virtualmente mes y medio para acordar una estrategia comunitaria para afrontar efectivamente el mal, y mientras los nuevos infectados se contaron por decenas de miles diarios en su peor momento, en tanto la comisión responsable en Bruselas decidía las medidas en cuestión, lo que consecuentemente hizo y hace del viejo continente, la región más afecta a esta.
La causa de la tardanza: decidir quién pagará qué y cuándo.
Sin embargo, y de acuerdo a la OMS, ya para el presente momento la situación se transfiere ahora a nuestra región, con 106,000 nuevos contagios en apenas 24 horas entre el martes 19 y el miércoles 20.
Razones son muchas, entre las que podemos citar el hecho de que ninguna nación se encontraba efectivamente preparada para ésta pandemia, aunque la OMS y desde el final del siglo pasado y el inicio del presente ya anunciara a sus estados miembros, que era cuestión de tiempo su aparición.
Pero además es un hecho que el modelo neoliberal concentra la riqueza en el 1 % de la población, sacrificando en su favor los rubros de educación, salud, infraestructura y seguridad, así como todos los activos transferibles de los estados, que de tal suerte son trasladados a privados, so excusa de una supuesta eficiencia que en la práctica se corresponde con la capacidad de los funcionarios, su formación y el marco jurídico en el cual ejercen sus funciones, redundando por ello en inseguridad y violencia por lo insustentable del mismo que, así deriva en la crisis que la pandemia revela irresuelta, y que los múltiples casos de corrupción que surgen y que en estados como el boliviano y el ecuatoriano tienen su mayor expresión, donde en el primero se paga el doble o hasta el cuádruple por activos adquiridos por los funcionarios de segundo nivel, o en el segundo caso, eliminando la entidad estatal de probidad.
Así las cosas, el COVID-19 sencillamente desnuda la inequidad, injusticia, desigualdad y exclusión estructural del modelo, que son causal de la muerte de estas personas, y que seguirá -por lo mismo- matando, mientras siga a sus anchas.
