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Saúl Méndez
Colaborador
La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) presentó el «Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador», que contiene las agresiones y vulneraciones a las que se ven expuestos defensores de derechos fundamentales en el país.
Con el apoyo técnico de la Asociación Solidaria de Economía Alternativa (ASEAL), el informe denuncia constantes intentos de criminalización contra actores sociales, el espionaje a periodistas y voces críticas, el desmantelamiento de sindicatos mediante la supresión de plazas y despidos masivos.
Sonia Viñeta, vocera de la UNT, aseguró que existe una política estatal de criminalización de las críticas al gobierno. “Las personas defensoras de derechos humanos hemos sufrido un deterioro notable y un ataque significativo”, enfatizó.
La organización advirtió que la situación de los derechos humanos en El Salvador se ha deteriorado desde 2019, recrudeciéndose en los últimos años.
“Concluimos que a partir de 2021 se intensificó la persecución, llegando al punto de que, desde el movimiento social y popular, consideramos que hay personas que pueden ser calificadas como presas políticas por su afiliación partidaria”, explicó Viñeta.
Asimismo, la UNT denunció que se utiliza la violencia de las pandillas y el régimen de excepción como pretexto para la represión. “Se inhibe cualquier protesta y se persigue e incluso encarcela a dirigentes sociales”, indicó.
El Estado de Excepción se instauró en respuesta a una ola de asesinatos ocurrida en marzo de 2022, que el gobierno atribuyó a las pandillas, tras romperse la tregua entre el gobierno y las pandillas.
Informes elaborados por organizaciones como IDHUCA, FESPAD y CRISTOSAL registraron 6.426 casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.
“Las fuerzas de seguridad se han reforzado, pero se utilizan no para garantizar la seguridad pública, sino como instrumento de represión”, alertó Viñeta.
Ante el aumento de agresiones y vulneraciones a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los “discursos estigmatizantes” y los procesos penales infundados. En su informe de septiembre de 2024, la CIDH realizó 22 recomendaciones al Estado salvadoreño, entre las que se incluye la derogación del Régimen de Excepción.
“La CIDH está preocupada por el sostenido aumento de agresiones y vulneraciones”, afirmó Viñeta. “Como organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales, sindicales, de mujeres, de colectivos LGTBI y de la población indígena, sentimos y vivimos que estamos en la mira del gobierno. Esto se evidencia en todo lo expuesto en el informe.”
Aumento de agresiones contra periodistas
Viñeta también destacó el espionaje a periodistas y opositores mediante el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Este spyware se ha convertido en una herramienta para la vigilancia masiva y el espionaje contra periodistas y activistas. En 2022, Amnistía Internacional, en una investigación conjunta con Access Now y Citizen Lab, identificó el uso a gran escala de Pegasus contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador.
“Esta situación representa una grave limitación a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica que esta requiere”, puntualizó la UNT.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha documentado múltiples vulneraciones a la libertad de prensa, como el acoso policial sufrido por el periodista Ricardo Vaquerano, de Revista GatoEncerrado, y su familia, así como los reiterados ataques por parte de funcionarios públicos a periodistas en medios digitales.
Uno de los casos de intimidación y persecución contra la prensa es el de Mónica Rodríguez, coordinadora de prensa de Bálsamo Radio TV, quien denunció el allanamiento ilegal de su vivienda por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Durante el operativo, las autoridades confiscaron dispositivos tecnológicos que contenían información personal, laboral y de organizaciones comunitarias.
Despidos, supresión de plazas y retiros forzados
La UNT reveló que a inicios de 2024 el Gobierno implementó un programa de Ajuste Fiscal como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este ajuste ha implicado la eliminación de al menos 16 instituciones públicas, entre las que se encuentran Insaforp, Isna, Conna, Injuve e Isdem, entre otras.
Diversas organizaciones advierten del debilitamiento y desmantelamiento de la institucionalidad estatal, evidenciado en el recorte de 11,000 plazas en varias instituciones públicas, con especial impacto en sectores como Salud y Educación, y en la reducción presupuestaria, que asciende a 90 millones en Salud y 31 millones en Educación, afectando al menos a 70 instituciones.
En las instituciones cuyos sindicatos están afiliados a la UNT, se han registrado recortes significativos de plazas. Por ejemplo, ISDEMU eliminó más de 100 plazas el 23 de diciembre, CONAMYPE suprimió 16, y otros sindicatos, como SEPRODHESE, reportaron la eliminación de más de 100 plazas. “Este debilitamiento de las instituciones públicas conduce inevitablemente a la precarización de los servicios, lo que afecta directamente a la población más desprotegida”, concluyó Viñeta.
