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@arpassv
Un grupo de abogados y periodistas presentó ayer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la decisión de la Alcaldía de San Salvador de ponerle el nombre de Roberto d’Aubuisson a la Calle San Antonio Abad.
Norman Quijano y su concejo municipal decidieron la semana pasada que la histórica y martirial calle San Antonio Abad lleve el nombre de quien la Comisión de la Verdad de la ONU señala como fundador de los escuadrones de la muerte de la extrema derecha y autor intelectual del magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Esto a pesar del rechazo de la Iglesia Católica y diversos sectores sociales, decease políticos y académicos que cuestionan la provocación y torpeza política del alcalde capitalino.
Pero con la demanda de amparo presentada ayer, la Sala Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de revertir el agravio contra la memoria de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime tienen la oportunidad de reivindicar la dignidad de las víctimas.
Una omisión o respuesta en sentido contrario, pondría a la Sala en favor de la impunidad y contra la prevalencia del derecho a la verdad, en plena conmemoración del 66 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ojalá que pronto se presentaran otros recursos de amparo para –por ejemplo– quitarle el nombre de Domingo Monterrosa a la Tercera Brigada de Infantería. Aunque lo más fácil en este caso sería que el Presidente Salvador Sánchez Cerén, como Comandante General de la Fuerza Armada, bajara del pedestal de héroe al principal responsable de la Masacre de El Mozote.
La Masacre de El Mozote, perpetrada el 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, es la peor masacre de toda América Latina cometida en tiempos modernos. Ahí fueron asesinadas –por Monterrosa y su Batallón Atlacatl entrenado por Estados Unidos– mil personas indefensas, sobre todo mujeres, ancianos y niños.
Ésta y demás las masacres de civiles cometidas antes y durante la guerra civil están impunes. Hasta hoy ningún genocida, criminal de guerra o violador de los derechos humanos ha sido enjuiciado. Sólo uno de ellos, Inocente Orlando Montano (vinculado a la masacre de los jesuitas de la UCA) está detenido en Estados Unidos pero por delitos migratorios.
Esta impunidad se debe a la vigencia de la ominosa Ley de Amnistía, la irresponsabilidad la Fiscalía y la negligencia en el sistema judicial.
Esto debe cambiar.
