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@arpassv
El gobierno concretó esta semana la compra de las acciones que Enel tenía en La Geo. Por 280 millones de dólares, sale el Ejecutivo adquirió el 36.2% de las acciones de la estatal geotérmica pertenecientes a la transnacional italiana. Ahora La Geo es una empresa totalmente nacional, 100% salvadoreña.
Así culminó el litigio en el que Enel intentó apropiarse de La Geo amparándose en un espurio contrato suscrito por la administración del ex presidente Francisco Flores, que obligaba al gobierno a ceder la mayoría accionaria de la empresa generadora de energía eléctrica.
El diferendo comenzó en 2008 cuando el gobierno del ex presidente Antonio Saca impidió que Enel invirtiera 100 millones en La Geo y superara el 50% de las acciones. En 2012 un tribunal de París ordenó al gobierno salvadoreño permitir la inversión de Enel y aumentar su participación accionaria en La Geo, pero el entonces presidente Mauricio Funes se negó.
Funes argumentó que el contrato que cedía la mayoría accionaria a Enel era ilegal y que el país no podía ceder a una empresa extranjera un recurso estratégico como la energía geotérmica. Entonces la transnacional italiana llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
Sin embargo, en el CIADI el gobierno consiguió no sólo que Enel renunciara a sus reclamos sobre la mayoría de acciones de La Geo, sino que logró que la empresa italiana aceptara vender sus acciones y así el país recuperó la posesión total de la geotérmica.
La privatización encubierta de La Geo fue de los casos de corrupción más escandalosos de los gobierno de ARENA, que impidió el ingreso de 1,800 millones al Estado. Por eso están enjuiciados el ex presidente de CEL Guillermo Sol Bang, el ex ministro de Economía Miguel Lacayo y otros ex funcionarios del gobierno del ex presidente Flores, enjuiciado por el manejo irregular de millonarios donativos de Taiwán.
Por tanto, la recuperación del 100% de las acciones de esta empresa debe ser reivindicada como un triunfo del país, un acto de dignidad y soberanía nacional. Esto constituye la “desprivatización” de un patrimonio nacional, un recurso estratégico que ARENA quiso entregárselo a una compañía extranjera.
La “renacionalización” de La Geo debería ser el inicio de un proceso de reversión de las privatizaciones y desmontaje del modelo neoliberal impuesto por las administraciones areneras que entregaron a empresas privadas la banca, la telefonía, la electricidad, las pensiones, etc.
