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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El aumento desmesurado en el coste de la canasta básica o de los servicios en el hogar, en hasta el 16%, alrededor de $55.00 reconvertidos en $830.00 para los núcleos familiares, entre octubre del año pasado y el presente [Defensoría del Consumidor], la ausencia de políticas promotoras de la reactivación de la pequeña y mediana empresa, que supone el aumento real de desempleo en hasta el 6,1% [BM/ISSS], o la carencia de iniciativas oficialistas para promover la generación de empleos en general, que implica la no recuperación de hasta 65.000 empleos perdidos durante la pandemia [ISSS], son todos crasos yerros que evidencia la ausencia de políticas internas dirigidas a dinamizar nuestra economía.
Y qué decir de la desinstitucionalización y corrupción rampante en que degeneró el autogolpe del oficialismo, que entre otros ha derivado en la desprotección generalizada de la ciudadanía, y que en la práctica la abandona a su suerte, expuesta a todo género de abusos que el oficialismo comete contra ella en las personas de muchos inocentes, so excusa de reprimir la inseguridad.
O la negativa oficialista a abordar el urgente tema de la reforma tributaria, para modernizar al sistema impositivo convirtiéndolo en uno de carácter progresivo, abandonando por elemental justicia al regresivo que ahora castiga a los más desposeídos, soportando en ellos y sus aportaciones a todo el sistema, mientras las elites aumentan sus haberes con la venia estatal, que incluso autoriza para éste particular segmento de la población, perdón de su deuda tributaria año con año, perdiendo por esa vía el estado, ingresos por asta $2, 400, 000, 000. 00 [MINEH/MINEC/FGR], por la evasión y elusión de estos, y que practican casi como un deporte, quizás para luego burlarse calculando quien, de estos por picardía, pagó menos, o simplemente no pagó.
Y cómo presentar ahora al sistema judicial, que como nunca se ha vuelto permeable a la injerencia política e interesada de las élites y sus representantes políticos, al grado de para ponerlo en evidencia, ser el soporte que respalda y legitima la vergonzosa e impresentable campaña de expropiación dirigida en contra de pequeños agricultores y campesinos en general, justificada en la construcción de supuestos polos de desarrollo, que no son más que proyectos financieros para el provecho y beneficio particular de privados.
Entre todos estos males, sin duda el más condenable: transformar al aparato de seguridad pública en un estamento de clase, responsable del atropello de los más fundamentales derechos de la población, como del asesinato de al menos 160 personas bajo su detención en los penales, por los que en su momento darán cuentas.
Y la corona: la burla que el ejecutivo hiciera, tomándose todo este tiempo para replantearse el sistema pensionario, que al final no hace, pues su propuesta solo agrava las condiciones del trabajador, conservando y profundizando los mismos vicios originarios del actual sistema, negando lapidariamente el retiro digno que debería tener, por ley.
Es decir; tres años que no significan más allá de la seguridad superlativa, beneficio ninguno para nuestro pueblo.
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